El RDL 1/15 modifica un buen número de preceptos de la Ley Concursal (“LC”), en general relativos a los acuerdos extrajudiciales de pagos que fueron introducidos en nuestra legislación por la Ley 14/2013, de emprendedores. Las modificaciones responden fundamentalmente a dos objetivos: (i) de un lado, adaptar el contenido y las mayorías de aprobación de los acuerdos extrajudiciales de pago a las reglas introducidas en el RDL 4/14 y en el RDL 11/14 para los acuerdos de refinanciación y los convenios de acreedores, y (ii) por otro lado, regular la denominada “segunda oportunidad” para las personas físicas, esto es, la posibilidad de que se obtenga una exoneración del pasivo insatisfecho bajo determinadas circunstancias. Se da así respuesta a una necesidad que los juzgados de lo mercantil habían puesto re- iteradamente de manifiesto sobre la necesidad de dar una solución a la insolvencia de las personas físicas, que no pueden ser disueltas y desaparecer del tráfico jurídico, como ocurre con las personas jurídicas.

Junto a estas normas, se modifican tres artículos (el 92.5o, el 93.2.2o y el 94.5 LC) que afectan a los procedimientos concursales en general.

Los dos primeros preceptos modificados van unidos, puesto que se elimina del artí- culo 92.5o LC la referencia a los acreedores que hubieran capitalizado sus créditos en un acuerdo de refinanciación, para introducirse (con una redacción ligeramente diferente) en el artículo 93.2.2o LC. Conforme a estas modificaciones, no podrán ser personas especialmente relacionadas con el deudor los acreedores que hubie- ran capitalizado sus créditos en un acuerdo de refinanciación, en un acuerdo extrajudicial de pagos o en un convenio concursal (se amplía el ámbito de aplica- ción), aunque hayan asumido cargos en la administración (administradores de derecho).

Tampoco lo serán (como administradores de hecho) por las obligaciones que asuma el deudor en el plan de viabilidad, salvo que se probase alguna circunstancia que pudiera justificar su condición de administrador de hecho. Esto es, se refuerza la protección para los acreedores que capitalicen sus créditos en cualquiera de las soluciones preconcursales y concursales.

El artículo 94.5 LC (que fue introducido por el RDL 11/14) modifica su redacción para incluir (i) una referencia a las garantías que se denominaran en moneda distinta al euro – que se convertirán a la fecha de valoración; (ii) reglas especiales sobre la valoración de los bienes inmuebles cuando se trate de viviendas terminadas y (iii) una referencia a que el coste de los informes o valoraciones será liquidado con cargo a la masa y deducido de la retribución del administrador concursal, salvo que el acreedor solicitase un informe de valoración contradictorio1.

Sin embargo, la modificación más importante se encuentra en la Disposición Transitoria, puesto que la nueva redacción de estos tres preceptos será de aplicación a “los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal”. Con esta disposición se amplía la vigencia del artículo 94.5 LC, que exige valorar las garantías constituidas, puesto que el RD 11/14 por el que se introdujo este nuevo cálculo establecía que se aplicaría a los procedimientos concursales en los que no se hubiera emitido el informe de la administración concursal. Recordemos que el plazo para la emisión del informe de la administración concursal es muy cercano a la fecha de declaración de concurso (art.74 LC, normalmente dos meses desde la aceptación del cargo), mientras que los textos definitivos sólo se emiten una vez tramitadas todas las impugnaciones al informe (art. 96.5 LC). Esta norma podría interpretarse en el sentido de realizar una valoración de las garantías en todos los procesos que no tengan todavía textos definitivos.

Desde la perspectiva laboral, cabe destacar dos novedades, establecidas en su capítulo II: un nuevo incentivo a la contratación laboral indefinida y la facilitación de la conciliación de la vida profesional y familiar de los trabajadores autónomos.

Asimismo, en materia de tasas para el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), cabe destacar la exención del pago de la tasa, en todo caso, para las personas físicas (art. 11).

La fecha de entrada en vigor de la norma es 1 de marzo de 2015.

INCENTIVO A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA (ART. 8 + DT 2a RDL)

El artículo 8 del RDL crea un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, que reduce las cotizaciones sociales1 y cuyas características principales son las siguientes:

·

Tipos de contrato incentivados: Cualquier contrato indefinido formalizado por escrito desde el 01.03.2015 hasta 31.08.20162. No se aplicará a:

o Relaciones laborales de carácter especial.

o Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad (hasta 2o grado inclusive), del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos3.

o Contratación de trabajadores que hubiesen estado contratados en otras empresas del grupo de empresas del que formen parte y cuyos contratos se hubieran extinguido por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido unos u otros declarados judicialmente como improcedentes, o por despidos colectivos que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a la reducción.

Contratación de trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido.

· Cuantía del incentivo
o En los contratos a tiempo completo, los primeros 500 euros en la

cotización empresarial por contingencias comunes.

o En los contratos a tiempo parcial, la cuantía del incentivo se reducirá de manera proporcional, pero en todo caso la jornada debe ser, al menos, equivalente a un 50 por 100 de la de un trabajador a tiempo completo comparable4 5.

  • < > Duración del incentivo: 24 meses. Se amplía en 12 meses más para empresas de menos de 10 trabajadores, pero siendo – con relación a este último período – de 250 euros (o proporcional en caso de contratos a tiempo parcial) la cuantía del incentivo. < > Compatibilización con otros: Con los previstos para los beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (art. 107 Ley 18/2014) y con la ayuda económica de acompañamiento que perciban los beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo, en caso de formalizarse el contrato con ellos (art. 8 RDL 16/2014). < > Requisitos empresariales más relevantes: o Estar al corriente en obligaciones tributarias y de Seguridad Social, tanto en la fecha de efectos del alta de los trabajadores como durante la aplicación del beneficio correspondiente.

    En caso de incumplimiento, total o parcial, de dichas obligaciones en plazo reglamentario se produce la pérdida automática del beneficio respecto de las cuotas correspondientes a períodos no ingresados en dicho plazo. Dichos períodos se tendrán como consumidos a efectos del cómputo del tiempo máximo de bonificación o reducción.

    o No haber extinguido contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido declarados judicialmente improcedentes, bien por despidos colectivos que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores a la celebración de los contratos incentivados. El incumplimiento afectará a un número de contratos equivalente al de las extinciones producidas.

    Incremento del nivel de empleo indefinido y del total de la empresa, según el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en la empresa en los treinta días anteriores a la celebración del contrato6.

    o Mantenimiento del nivel de empleo indefinido y del total de la empresa durante un periodo de 36 meses, a contar desde la fecha de efectos del contrato indefinido que se incentiva y alcanzado, al menos, con dicha contratación7.

    o No haber sido excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por la comisión de la infracción grave del artículo 22.2 o las infracciones muy graves de los artículos 16 y 23 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

    Consecuencias del incumplimiento de los requisitos:

    o Reintegro de las cantidades dejadas de ingresar con el recargo y el interés de demora correspondientes, conforme a lo establecido en la normativa recaudatoria de la Seguridad Social.

    o En caso de incumplimiento del requisito de mantenimiento del nivel de empleo indefinido y del total de la empresa, quedará sin efecto la bonificación o reducción y se deberá proceder al reintegro de la diferencia, sin que proceda exigir recargo o interés de demora, entre los importes correspondientes a las aportaciones empresariales a la cotización por contingencias comunes que hubieran procedido en caso de no aplicarse aquella y las aportaciones ya realizadas, en los siguientes términos:

    • < > Si el incumplimiento se produce desde la fecha de inicio de la aplicación del respectivo beneficio hasta el mes 12, corresponderá reintegrar el 100 por 100 de la citada diferencia. < > Si el incumplimiento se produce desde el mes 13 y hasta el mes 24, corresponderá reintegrar la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 13. < > Si el incumplimiento se produce desde el mes 25 y hasta el mes 36, corresponderá reintegrar la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 25. o La obligación de reintegro se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la LISOS.

      Finalmente, dado que el nuevo beneficio en la cotización por contratación indefinida coexistirá hasta el 31 de marzo de 2015 con el regulado en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, se prevé en la disposición transitoria segunda del RDL que los beneficios a la cotización a la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos indefinidos celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, se regirán por la normativa vigente en el momento de su celebración.