RESUMEN DEL NUEVO REAL DECRETO LEY 1/21 DE 19 DE ENERO, MODIFICA LA LEY DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Con la entrada en vigor de dicho Real Decreto Ley se da entrada a un nuevo tipo de consumidor en el ordenamiento jurídico español, el consumidor vulnerable, siendo este un concepto jurídico indeterminado que claramente va a dar mucho de qué hablar. Se considerará, según la exposición de motivos, consumidor vulnerable aquel que carezca de la formación, los medios, la cultura o la experiencia necesaria para saber qué está comprando.

Lo anterior deja a las empresas en una clara situación de indefensión ya que no es práctica habitual que antes de la venta de un producto hacer un interrogatorio al consumidor sobres sus necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales y ver si, a la vista de aquellas, el sujeto se encuentra en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.

Además, dicha normativa colisiona con la LOPD en la que se establece el principio de protección de los datos personales y familiares, apostando por el principio de mínima información. Es decir, tan sólo se deben recopilar aquellos datos estrictamente necesarios para la perfección del contrato, sin recopilar datos superfluos. La cuestión es, si tras la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, el empresario se verá obligado para asegurar la no nulidad del contrato a preguntar por datos personales como: estado civil, profesión, formación, nivel económico, nivel cultural y otros….

A la vista de lo anterior, os aconsejamos:

I.- SI LOS CONTRATOS SE FIRMAN CON OTROS EMPRESARIOS.

1. En el caso de que los contratos se firmen entre empresarios, que se haga constar expresamente la condición de empresarios de ambas partes, ya que la ley de consumidores también prevé que una persona jurídica o un empresario pueda tener la condición de consumidor cuando actúa fuera de su tráfico comercial.

II.- SI LOS CONTRATOS SE FIRMAN CON CONSUMIDORES

• Dejar claro, a ser posible en negrita, las condiciones esenciales del contrato y que el consumidor firme siempre la hoja de encargo.
• Si no existe derecho de desistimiento que conste expresamente, el derecho de desistimiento es obligatorio en las compraventas a distancia y fuera de establecimiento abierto al público. En los demás supuestos es convencional.
• Hacer constar las características esenciales del producto: productor/fabricante, naturaleza/composición/finalidad: calidad/cantidad/categoría/denominación usual/; fecha producción/lote; instrucciones para su uso correcto/gestión de residuos/advertencias/riesgos previsibles.
• Si alguna las condiciones se negocian individualmente con el consumidor, que conste dicha negociación individual.
• Que el cliente firme siempre la hoja de encargo, o el albarán de entrega donde constan dichas condiciones, de su propia mano y haciendo constar su DNI.

En Barcelona a, 21 de enero de 2021.

. «MÁS VALE PREVENIR QUE LITIGAR«

Los contratos de colaboración entre empresarios, agencia y distribución, como decíamos en nuestro anterior email son aquellos contratos por los que conferimos la representación de nuestra empresa o la venta de los productos de estas a una persona concreta, física o jurídica.

Los contratos, son ley entre las partes, tal y como dice el artículo 1255 del Código civil, y esta realidad es aplicable también a los contratos de colaboración. Si bien cuando hablamos de los contratos de agencia la libertad de las partes es más reducida que cuando se trata de los contratos de distribución, esto es así porque la Ley 30/92 de 26 de mayo, que regula los contratos de agencia, establece unos requisitos mínimos, que no admiten pacto en contrario.

Como bien sabéis en GLOBALWAY ABOGADOS, apostamos por el derecho preventivo y somos files a nuestra máxima que un buen contrato evita un mal juicio. Por eso, os aconsejamos huir de soluciones estereotipadas y acudir a vuestro abogado de cabecera para que os cree un traje a medida, un contrato que se adapte a todas vuestras necesidades, que tenga en cuenta vuestros objetivos, y evite, en la medida de lo posible futuras disputas, y si no es posible facilite su solución.

En las relaciones entre empresarios lo mejor es tener desde el principio claro los derechos y obligaciones de cada una de las partes y las consecuencias de un posible incumplimiento.

Pues bien, dicho lo anterior, pasamos ahora a explicaros los datos esenciales que debería contener un contrato de distribución.

1. Las partes, el principal y el colaborador (agente o distribuidor)
2. El objeto del contrato, que va a comercializar el colaborador, en ocasiones serán todos los productos del principal/empresario, otras veces serán solo determinados productos que quedarán limitados por marca, o por finalidad.
3. El territorio donde el colaborador va a ejercer la actividad, en este caso estará bien recoger posibles excepciones, es decir el Principal podrá reservarse la relación con determinados clientes, ya existentes o que por el motivo que sea no quiera que el colaborador se dirija a ellos.
4. Tiempo de vigencia del contrato, su duración, el ordenamiento jurídico intenta evitar los contratos indefinidos y en este sentido, cuando un contrato de agencia tiene duración indefinida el mismo puede resolverse con un preaviso mínimo de un mes por año de duración del contrato, con un máximo de 6. No está de más, en este tipo de contratos, recoger las maneras de resolución del contrato por transcurso del tiempo y las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento.
5. Si la actividad del COLABORADOR se realiza de manera EXCLUSIVA y si el principal también se compromete a que sólo el agente podrá vender en EXLUSIVA en dicho territorio o habrá coexistencia con otros agentes, o con él mismo. En este sentido existe una multitud de pactos posibles, y un correcto estudio del proyecto evitará futuros problemas al acordar, desde un buen inicio, las limitaciones.
6. Pacto de no competencia, tras la finalización del contrato de distribución y/o agencia.
7. Objetivos fijados para el colaborador, y consecuencias derivadas del no cumplimiento de dichos objetivos, incumplimiento esencial. También es interesante prever una actualización automática de dichos objetivos.
8. Lista de clientela, al inicio del contrato (que facilita el empresario).
9. Tratamiento de la indemnización por clientela, la misma no puede excluirse en el contrato de agencia, si en el contrato de distribución, pero, si pueden en ambos casos recogerse criterios para su cálculo, por ejemplo ¿Quién debe ser considerado cliente? ¿Cómo debe calcularse dicha indemnización? ¿Cuál es la contribución del principal a la obtención de dicha clientela? ¿Qué importancia tiene la marca del principal en dicha consecución de clientes?…
10. Incumplimientos y sus consecuencias, en este caso podemos hablar de dos tipos de incumplimientos, esenciales que dan lugar a la resolución del contrato y no esenciales que pueden llevar aparejadas otra serie de consecuencias, como serían, la pérdida de la exclusiva, la disminución de la comisión, el pago de una sanción.
11. Consecuencias derivas de la resolución del contrato por una causa distinta del incumplimiento, estas consecuencias serían básicamente dos: 1) Indemnización por clientela 2) Indemnización por daños y perjuicios.
12. Formas previstas de la resolución de conflictos entre empresario principal y colaborador.

Como veis muchas son las opciones y las decisiones que se deben tomar cuando se firma un contrato de colaboración con otro empresario, y para evitar sorpresas y malos entendidos lo mejor es que de todo quede constancia escrita y para ello, lo mejor, es constar con un asesoramiento experto de confianza, en GLOBALWAY ABOGADOS llevamos varios lustros aconsejando y acompañando a las empresas en su día a día, y buscando las soluciones adecuadas a sus necesidades.

GLOBALWAY ABOGADOS https://gwabogados.es/

(Especialistas en empresas)

¿Eres transportista? ¿Tienes alguna deuda pendiente de cobrar? Este artículo te interesa, vamos a explicarte cómo cobrar tus facturas cuando la persona que te contrato a ti no te paga.

La subcontratación es práctica habitual en todas las empresas, pero si cabe aún más en el mundo del transporte, donde en muchas ocasiones se utiliza los servicios de diferentes transportistas para que un paquete llegue a destino.

En los próximos meses viviremos un aumento de la morosidad de las empresas, y deberemos buscar medios alternativos para cobrar las facturas, en muchos casos se pedirán garantías u otro tipo de medios para cobrar.

Como sabéis nuestro despacho, GlobalWay Abogados, está especializado en el asesoramiento de empresas, y una de nuestras máximas preocupaciones es dotar a nuestros clientes de contratos que minimicen el riesgo de impagos.

Sin embargo, en el mundo del transporte dicho riesgo se reduce gracias a la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Transporte Terrestre, donde se fija una garantía que muchos de los que se dedican a este sector desconocen, la solidaridad en el pago de las facturas pendientes, solidaridad que no se extingue con el pago, el cual no libera, en todo caso, sino que se extiende más allá del mismo. En este artículo os explicamos esta figura, su funcionamiento y cómo os puede beneficiar.

En múltiples ocasiones el contratista principal subcontrata a otros para que hagan, en todo o en parte su trabajo, y a veces, estos también subcontratan a su vez a otro transportista, con lo que tenemos una cadena de transportistas que realizan cada uno su trabajo para cumplir con el encargo del principal de llevar determinado objeto a determinado sitio.

Pero ¿Qué pasa si una de las empresas/autónomos de la cadena no paga a quién contrató? ¿Este sólo puede reclamar a su contratante? ¿No puede reclamar a los anteriores? La respuesta a esta pregunta es SI, en principio, puede reclamar a cada una de las personas que le preceden en la cadena de transportes, aunque estos hayan pagado por el trabajo contratado.

Esto es así porque la Disposición Adicional Sexta de la Ley de ordenación del transporte terrestre se recoge una acción directa contra el cargador, con independencia de que haya abonado el precio pactado al intermediario. Es decir, el cargador no es inmune a esta acción directa a pesar de haber realizado ya el pago, ni el resto de las persona que participaron en el transporte, en concreto dicha norma dice lo siguiente “En los supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres, el transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción directa por la parte impagada, contra el cargador principal y todos los que, en su caso, le hayan precedido en la cadena de subcontratación, en caso de impago del precio del transporte por quien lo hubiese contratado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 227.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.”

Y no solamente lo dice la ley de ordenación del Transporte Terrestre sino también el Tribunal Supremo, en dos sentencias, en las que ha abordado la aplicación de la anterior norma y si un transportista podía exigir el pago de alguien que a su vez ya había pagado a su acreedor, en concreto en los años 2017 y 2019, llegando en ambas sentencias a idéntica conclusión, esto es: la validez de la acción directa contra el cargador, con independencia de que haya abonado el precio pactado al intermediario.

Por tanto, si te encuentras en esta situación, puedes dirigirte contra el cargador y reclamarle el pago del precio.

Para cualquier duda o aclaración contacta con nosotros, o visita nuestra página WEB o la página cobrardeudas.es

Te deseamos un feliz verano y recuerda el éxito en la gestión de la morosidad se inicia con una diligente reclamación de las facturas y por un asesoramiento legal de confianza y especializado.

Nos vemos en el próximo artículo,

GLOBALWAY ABOGADOS

OBJETIVOS DEL REAL DECRETO LEY: Flexibilizar los ERTE e intentar asegurar el nivel de empleo de las empresas acogidas a los ERTE. Otro de los objetivos es sacar a trabajadores de ERTE, por eso se reducen las cotizaciones cuando se reincorpora trabajadores.

CÓMO LO HACE: Modifica lo dispuesto en su día en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/20, de 17 de marzo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

1. Prórroga de la regulación de los ERTE hasta el 30 de junio de 2020, si bien se prevé la posibilidad de que aquellos vayan más allá de esta fecha en que no desaparezca la causa que dio lugar al ERTE, en el caso de FUERZA MAYOR (el Estado de Alarma, las prohibiciones derivadas del COVID 19). Este ir más allá del 30/06/20 necesitará de un posterior desarrollo por parte del ejecutivo, o del legislativo, en su caso.

1. Se busca la flexibilidad de los ERTE, por eso se prevé una incorporación proporcional al trabajo de los trabajadores afectados por un ERTE teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de la empresa.

1. Se diferencia entre empresas que siguen TOTALMENTE en situación de ERTE por fuerza Mayor (que no pueden reiniciar la actividad) y las que salen parcialmente de dicha situación (al poder reiniciar la actividad), como consecuencia de que las causas reflejadas en el artículo 22 Real Decreto ley 8/20, justificación de fuerza mayor, permitan la recuperación parcial de su actividad.

1. Las empresas y entidades deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total (o parcial) al ERTE DE FUERZA MAYOR que tienen autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de la renuncia. También se deberá comunicar al SEPE la modificación total o parcial de los trabajadores. En concreto, las comunicaciones a realizar, según se retome la actividad total o parcialmente son:
2. Renuncia total o parcial al ERTE, Comunicación a la Autoridad laboral competente en 15 días desde la fecha de efectos de la renuncia, es decir, desde que se reanuda actividad.
3. Modificaciones o variaciones, Previa comunicación al SEPE.
4. Para la aplicación de las exoneraciones de cotización, Comunicación a la TGSS mediante una instancia de la Empresa por cada CCC con una Declaración responsable sobre:
   1. Persistencia total o parcial Fuerza Mayor
   1. Identificación trabajadores afectados (incluidos en ese CCC)
   1. Periodo suspensión o reducción jornada.
   1. La presentación de la comunicación debe hacerse antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente a través del sistema RED.

1. Se sigue diferenciando entre ERTE por Fuerza Mayor y ERTE por Causa Económica. Se permite la prórroga de los dos hasta el 30 de junio de 2020, siempre que se den las condiciones (arts. 22 y 23 RD Ley 8/20), y se permite que se pase de un ERTE por Fuerza Mayor a un ERTE económico, sin solución de continuidad, dando efectos retroactivos al segundo, cuando desaparezca la causa de fuerza mayor pero siga existiendo causas económicas que pongan de manifiesto la necesidad de este último. Aunque no se dice de forma expresa, es de suponer que en este ERTE económico se permitirá ampliar el número de trabajadores afectados respecto de lo solicitado en el ERTE por fuerza mayor.

1. Se modifican las exoneraciones a la TGSS, precisamente para fomentar la incorporación de los trabajadores al trabajo, y que dicha modificación sirvan de acicate al empleador, así pues, se modifica la exoneración prevista en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/20, los cuales quedan así:

1. Se interpreta la obligación de las empresas de mantenimiento del empleo durante 6 meses, que se circunscribe sólo respecto de los trabajadores incluidos en el ERTE, con determinadas excepciones (aunque será la jurisdicción social la que decidirá caso por caso en última instancia):
2. Si hay riesgo de concurso, artículo 5 de la Ley concursal en relación al artículo 2 ( insolvencia)
3. Despido disciplinario declarado procedente.
4. Dimisión del trabajador
5. Muerte
6. Jubilación
7. Incapacidad permanente total absoluta o gran incapacidad.
8. No realizar el llamamiento a fijos discontinuos
9. Expiración contrato temporal, imposibilidad de realizar obra o servicio.

1. Se computa la obligación de mantenimiento del empleo desde la reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aunque sea parcial.

1. La Sanción por no mantenimiento del empleo: Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar.

No se aclara si se refiere sólo a la exoneración de cuotas respecto del trabajador afectado, o se refiere a las cuotas exoneradas respecto de todos los trabajadores, pero a la vista de la redacción literal, y salvo aclaración oficial, entendemos que a todos.

1. No pueden presentar ERTES DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 RDL 8/2020 las empresas y entidades con domicilios en paraísos fiscales, ni aquellas que repartan dividendos, salvo que a fecha 29 de febrero de 2020 tuvieran menos de 50 trabajadores.