¿Qué es un ERTE?

ERTE ( EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO)

En este artículo pretendemos resolver las dudas sobre los ERTE (EXPEDIENTES TEMPORALES DE REGULACIÓN DE EMPLEO). Mañana, el gobierno sacará la nueva regulación del ERTE, y la cambiará parcialmente, haciéndola más sencilla en cuanto a su tramitación, o al menos eso esperamos.

Pasamos ahora a resumiros las características esenciales del ERTE:

1) Un ERTE es un EXPEDIENTE TEMPORAL DE REGULACIÓN DE EMPLEO, viene regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y puede consistir en suspender contratos de trabajo o reducir la jornada laboral de las personas trabajadoras de manera temporal, o una combinación de ambas alternativas.

2) En la situación actual, estamos ante un ERTE por fuerza mayor. Una vez presentado el ERTE, la existencia de fuerza mayor tiene que ser constatada por la autoridad laboral, con independencia del número de trabajadores afectados. La resolución de la autoridad laboral debe dictarse en el plazo de cinco días desde la solicitud; y, se limita a constatar la existencia de fuerza mayor o no. La suspensión o la reducción de los contratos surte efectos desde la fecha del hecho de fuerza mayor.

3) la reducción de jornada puede disminuirse entre un 10% y un 70%, con una reducción análoga de salario.

4)El importe diario de la prestación que cobrará el trabajador será durante los 180 primeros días el 70% de la base reguladora, a partir del día 18hasta el final de la prestación será el 50%. Si el desempleo fuera parcial percibirá la parte proporcional a las horas en que esté desempleado.

5) Las autoridades competentes son la Comunidad Autónoma cuando el ERTE afecta a trabajadores que desarrollan su actividad dentro de la COMUNIDAD AUTÓNOMA. La Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo cuando afecte a empresas con trabajadores en más de dos Comunidades Autónomas, salvo que el 85% de la plantilla radique en el territorio de una comunidad autónoma, en cuyo caso se realizará ante dicha Comunidad Autónoma.

6) Se puede incluir en un ERTE a cualquier trabajador, incluso a los que tiene una reducción por cuidado de hijo o de ascendiente y a los que están en situación de incapacidad temporal o de maternidad o paternidad. En este último caso a estos trabajadores no les afectarán las medidas del ERTE hasta que se produzca el alta médica o finalice el periodo de descanso por maternidad o el permiso por paternidad.

7) El trabajador incluido en un ERTE consume su PARO, si bien una de las medidas que estamos esperando del GOBIERNO es que no se consuma. En el supuesto de reducción de jornada que dé lugar a desempleo parcial, el consumo de la prestación se producirá por horas y no por días. A tal fin el porcentaje consumido será equivalente al de la reducción de jornada. En el caso de suspensión total, por cada día de suspensión que se perciba prestación de desempleo se consume un día de derecho, teniendo en cuenta los días laborables del mes.

8) Las personas que tengan suspendido el contrato por un ERTE pueden realizar otra actividad laboral, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.

9) Si no se tiene derecho a cotización por desempleo, por no haber cotizado 360 días, y cumple con el resto de requisitos exigidos para cobrar dicha prestación, se podría acceder a un subsidio por desempleo.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración o consulta 932418535 o enviando un email a anovell@gwabogados.es

Aquí encontraréis la guía a aplicar en el trabajo para luchar contra el coronavirus

¡ME CASO!

Hola, soy Mª Jesús, trabajo en GWA, acabé derecho el año pasado y ya me he colegiado y, tras años de mucho esfuerzo, ¡ME CASO!

En este post quiero explicaros todos los contratos que he ido encontrando a lo largo de este año de preparativos, que no son pocos.

Pues sí, llevo un año de preparativos para la boda, y nunca pensé que podría encontrar tantas referencias jurídicas, y menos en cada uno de los trámites que he ido haciendo; voy a ir paso a paso explicándoos todas las referencias jurídicas que me he ido encontrando.

Primero de todo, he de decir que como me caso en, Barcelona, Cataluña, por lo que no he tenido que pensar en capitulaciones matrimoniales, ya que aquí existe la separación de bienes, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, así que un quebradero de cabeza menos. En cambio, debéis tener en cuenta que si sois de otra comunidad autónoma en que exista el régimen de gananciales, debéis sopesar la idea de realizar capitulaciones matrimoniales, lo que comúnmente se conoce como “firmar la separación de bienes”, o no, eso ya depende de vosotros.

Con un problema menos en la cabeza, hay que pensar ¿dónde lo celebramos? Cuando hayas elegido el sitio, deberás firmar un CONTRATO con la empresa que se va a encargar del evento. Dicho contrato prevé todo lo que puede pasar en una boda, como por ejemplo, que tú indiques que vienen 80 invitados, y al final resulte que vienen 120, para ello, existe una cláusula que indica con cuanto tiempo deber avisar de los invitados finales, así como también se especifica si, finalmente, no llegar a la cifra mínima; en ese caso, suele haber un recargo por invitado no asistente, eso miradlo muy bien, porque os puede salir caro. También se prevé que la boda, desgraciadamente, se pueda anular, por ello te dan unos días de margen para que avises si va a ser así, si bien, si pasado el plazo acordado, finalmente, se cancela el evento, se deberá abonar una parte proporcional al precio acordado con el lugar de celebración. Que te deje tu novio/novia no es causa de Fuerza Mayor.

Dentro de la celebración, deberás firmar también un acuerdo con el DJ y el fotógrafo, este acuerdo es más sencillo, ya que ellos se comprometen a hacer su trabajo, previo pago, no existe grandes complicaciones, siempre existirá esa cláusula de penalización, que, o bien estipulan ellos o dependerá de tus dotes de negociación.

Dejando de lado la celebración, debemos tener en cuenta que hemos de preparar el EXPEDIENTE MATRIMONIAL, ¿Qué en qué consiste? Pues debemos recoger nuestra partida de bautismo, así como nuestro certificado de nacimiento, siempre y cuando te cases por la iglesia, si te casas por lo civil, necesitarás solicitud de matrimonio, copia del DNI de ambos, certificado de nacimiento y de empadronamiento. Ambos son contratos que deberán ser firmados por los novios, así como por los testigos, uno por cada novio.

Casi todos los contratos que hemos ido acordando con los diferentes proveedores son de arrendamiento de obra, desde el contrato firmado con el hotel, hasta el contrato del vestido de novia, ya que, el mismo no consiste en una compraventa en firme, sino más bien en eso, un contrato de obra, ya que el vestido te lo hacen para ti, no es como ir a la tienda y elegir la prenda que te gusta, el vestido de novia tiene que ser TU VESTIDO DE NOVIA, no es de cualquiera. Otro contrato de obra también es, por ejemplo, el de las flores, una vez están puestas en el lugar en el que se va a celebrar la ceremonia, se acaba el contrato acordado, y así, con todo. Lo importante de un arrendamiento es que el proveedor se compromete a un RESULTADO, es decir, a que te quede bien.

El único contrato que no se resuelve de manera tan sencilla es el del matrimonio, pues, como ya sabéis, el matrimonio solo se disuelve mediante la muerte de uno de los cónyuges o con el divorcio, que puede ser ante notario o mediante procedimiento judicial, solo espero que eso no me pase a míJ.

Pues eso, que me caso el 14 de marzo, ¡colgaré una foto en Instagram!

Espero haberos sido de ayuda, sino estaremos encantados de atenderte en GLOBALWAY ABOGADOS.

AIRBNB NO PRESTA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO SINO SERVICIOS DE INFORMACIÓN/INTERMEDIACIÓN.

Seguro que tras la lectura del título de este artículo estas frotándote los ojos ¿Cómo puede ser que digamos tal cosa? Todos sabemos que cuando necesitas alojarte en otra ciudad, la plataforma de AIRBNB nos encuentra un alojamiento acorde a nuestras necesidades y criterios de búsqueda ¿¡Cómo podemos decir que dicha plataforma no presta servicios de alojamiento!? Pues la verdad es que no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A continuación, te explicamos porqué y, la verdad, es que tiene mucha lógica.

El tribunal de Justicia de la Unión Europea, el pasado 19 de diciembre de 2019, en el asunto C-390/18, ha dicho que la actividad que realiza AIRBNB no es de alquiler de bienes inmuebles ni de alojamiento en dichos bienes. La actividad de ARIBNB es de intermediación, es decir facilita las transacciones entre el usuario y el propietario, poniendo a disposición de ambos la plataforma creada para dicho fin. La clave de todo el negocio no es la propiedad del inmueble o tener como cliente al futuro inquilino, la clave es la plataforma que vincula al propietario con el interesado, por eso el TJUE ha resuelto que AIRNBN no realiza actividad inmobiliaria sino de intermediación.

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La calificación realizada por el TJUE es básica porque evita que AIRBNB se vea sometida a las normas de servicios inmobiliarios turísticos que, en algunos países de la UE, exigen autorización previa diferencia es crucial ya que, siendo así, la actividad de Airbnb no puede someterse a un régimen de autorización previa o unas pólizas de seguro determinadas.

La decisión del TJUE pone de manifiesto la compleja situación de las plataformas de intercambio o intermediación y que lo importante no es el objeto del intercambio que realizan los usuarios de aquella sino la intermediación en sí mismo la cual pasa a ser el objeto de la plataforma. Si bien esta resolución no es aplicable a todas las plataformas digitales sí nos da unas pistas sobre los criterios a aplicar cuando queramos saber la normativa aplicable a las plataformas digitales, y cuando estamos ante una actividad de intermediación, en concreto el TJUE resalta los siguientes rasgos:

De forma muy útil, el TJUE analiza una serie de rasgos habitualmente utilizados por las plataformas digitales que no afectan a su naturaleza de prestadores de servicios de la sociedad de la información, incluyendo:  

  • ¿Qué herramientas ofrece la web/plataforma/app para definir la oferta? En el caso de AIRBNB esta plataforma facilita herramientas típicas de la economía colaborativa destinadas a facilitar al interesado en contratar un alojamiento turístico el máximo de información para que pueda elegir entre todas las ofertas de su plataforma, al mismo tiempo facilita al arrendador herramientas para validar la fiabilidad del futuro inquilino.
  • La plataforma no fija precios, aunque puede facilitar los pagos a través de diferentes herramientas integradas en la propia plataforma que dan seguridad a los usuarios de la misma.

Todo lo anterior le sirve para justificar que AIRBNB no es una empresa inmobiliaria sino de intermediación. El TJUE ha tenido en cuenta diferentes aspectos concretos, para afirmar que realizan una actividad de intermediación:

  1. Si el servicio de intermediación es disociable de la prestación que contratan los usuarios. En este caso el TJUE ha entendido que AIRBNB es una herramienta para concluir contratos de alojamiento, es decir para intermediar gracias a la base de datos de alojamiento que es la propia plataforma.
  2.  Los servicios que da AIRBNB a través de su plataforma son accesorios al principal, que es el alojamiento turístico. El TJUE habla de múltiples vías para realizar dicha comercialización, por ejemplo APIS, periódicos…
  3. Además, tiene en cuenta que el precio del alojamiento no lo fija AIRBNB sino el arrendador, el titular del inmueble.

En este contexto el TJUE concluye que el servicio de intermediación prestado por Airbnb no forma parte de un servicio global cuyo elemento principal sea el servicio de alojamiento. En consecuencia, no cabe exigir a la plataforma los requisitos de autorización previa y de prestación de servicios previstos en la normativa francesa de servicios de alojamiento.

Así pues, en base a lo anterior y si bien cada caso debe ser estudiado de manera individual, si en el futuro queréis montar una plataforma colaborativa, o de intermediación a la misma le serán de aplicación las normas de este tipo de entes y no las de la actividad en las que intermedia.

En Barcelona a, 21 de enero de 2020

GlobalWay Abogados

LAS 12 SENTENCIAS MEDIÁTICAS DEL 2019

Los humanos somos muy de recontar, nos encanta enumerar las cosas, una vez leí que nos da seguridad, nos parece que todo está bajo control, hacemos listas y más listas de cosas pendientes, o como diría una amiga mía de “tudus” ( cualquier cosa dicha en inglés parece que suena más importantes”.

El 2019 ya se nos escapa de las manos, así que, en el despacho, GlobalWay, antes de colgar el cartel de FELIZ NAVIDAD, hemos decidido hacer la lista de las 12 sentencias estrellas del año que nos deja. Los motivos que las hacen figurar en esta lista son el haberse convertido en sentencias mediáticas, hemos desayunado, comido y cenado con ellas. Por ello, sin más preámbulo, paso a presentaros, por orden de antigüedad, las 12 sentencias del 2019:

  1.  Sentencia del Caso Palau, fue conocida a principios de enero de 2019, pese a estar dictada el 29/12/18. Esta sentencia ya puso en el centro de la vida judicial a los partidos políticos y a sus dirigentes y amigos. Esta línea no se ha abandonado durante todo el año 2019: caso Palau, Caso Eres, Caso Procés… En este caso queda probada, pendiente de recurso, la financiación ilegal de partidos políticos, en concreto de Convergencia, y el expolio del Palau, así como su utilización con fines partidistas. La Secc 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a los procesados al quedar probado que se beneficiaron como consecuencia del cobro de comisiones ilegales.
  2. Derecho al Olvido, el 13 de mayo de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligó a Google a retirar resultados de búsqueda a petición de un ciudadano si los sitios web a los que se enlaza contienen datos personales del solicitante, incluso si el sitio web de origen no elimina dicha información o ésta es lícita.
  3. Fichar en el trabajo. El 14 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió sobre si era necesario o no llevar un registro de entrada de la jornada de trabajo, y dijo que sí, corrigiendo el criterio de la STS de 23 de marzo de 2017 y determinado que los empresarios tienen la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permite computar la jornada laboral de cada trabajador. Consecuencia de dicha Sentencia es la proliferación en los centros de trabajos de sistemas, más o menos ortodoxos para fichar.
  4.  La Sentencia de la Manada del Tribunal Supremo, el pasado 21 de junio el Tribunal Supremo decidió elevar la condena para los cinco procesados, y modificar la calificación jurídica de los hechos pasando a ser condenados por un delito de violación, con dos agravantes la de trato vejatorio y la de actuación conjunta de dos o más personas. Esta sentencia ha sentado jurisprudencia y ha servido de base para la calificación jurídica de otros delitos de violación cometidos en grupo, el último de ellos en el caso Arandina.
  5.  Sentencia del Vencimiento anticipado El Pleno de la Sala, Primera del Tribunal Supremo acordó por unanimidad, el 11/09/19 pronunciarse acerca de los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios, en línea con lo planteado en su día al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo resuelto por éste. En concreto dictó los siguientes criterios interpretativos, para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

1.- Los procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

2.- Los procesos en que el préstamo se dio por vencido después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio orientador el art. 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos. Por el contrario, si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

3.- El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de LCCI.

  • Cesión de créditos litigiosos. Sentencia de 13 de septiembre de 2019 sobre la cesión de créditos litigiosos, la importancia de esta sentencia estriba en que determina cuándo estamos ante un crédito litigioso, momento en el que de darse la cesión, el artículo 1535 del Código civil concede al deudor el derecho de retracto, excepcionalmente y en contra de la regla general de no necesidad del mismo. Pues bien, en este caso el Tribunal Supremo ha venido a confirmar la línea jurisprudencial anterior y a otorgar dicha calificación a los créditos en fase de juicio declarativo, no cuando los mismos se encuentran en fase ejecutiva, ya que en dicho momento el crédito goza de los requisitos de ser vencido, líquido y exigible y por ende no litigioso sino cierto.
  • Sentencia de Pasapalabra 1/10/2019, por la que el Supremo condeno a Telecinco a pagar la cantidad de cinco millones de euros y a dejar de emitir el programa con efectos inmediatos, al día siguiente el programa dejó de emitirse. Además, la sentencia también le prohíbe la emisión de «cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa ‘Pasapalabra’ o que contenga esa denominación.
  • La Sentencia del Procés, llego el 14 de octubre de 2019, poniendo fin a una larga espera y como casi siempre en derecho quedándose a medio camino entre lo pedido por el fiscal y las defensas, en este caso; y en este caso, acogiendo la tesis de la abogacía del estado. Como es conocido por todos, la mayoría de los procesados fueron condenados por sedición.
  • La Sentencia de la Plusvalía Municipal STC 31/10/2019 por la que se resuelve la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 32 de Madrid, en el sentido de la cuota a pagar en concepto de plusvalía municipal no puede superar el importe del incremento realmente obtenido, por el principio de capacidad económica consagrado por el artículo 31.1 de la Constitución Española. Es decir, entre valor y precio manda el precio, por mucho que la administración se empeñe en que el valor del inmueble es diferente. Esto abre la puerta a reclamar la devolución de todas aquellas liquidaciones que no hayan adquirido firmeza.
  • La Sentencia de los ERES, el martes 19 de Noviembre, tras una instrucción larguísima, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a casi todos los procesados, 19 menos a dos a diferentes penas, al considerar que en la Junta de Andalucía se instauró entre los años 2000 a 2009 un sistema de ayudas públicas para beneficiar a empresas en crisis, sistema que fue utilizado para beneficiar a empresas “amigas” y buscar así el “clientelismo”.
  •  Hace escasos días, el Tribunal Supremo anuló la venta de casi 3.000 viviendas protegidas compradas por un fondo buitre en 2013. El alto Tribunal rechazó este jueves los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y el fondo contra la sentencia del TSJ de Madrid que dictó a favor de la nulidad de la citada compraventa, ya que en la misma no se respetaron los requisitos exigidos por la Ley.

Y ya para acabar, teniendo en cuenta que este artículo es prenavideño, la duodécima sentencia es:

  1. El Tribunal Supremo confirmó el 17/12/19 anteriores decisiones en relación con la Cesta de Navidad. La Sala de lo Social del Alto Tribunal falló ayer a favor de los 1600 trabajadores de Fujitsu al considerar que la cesta de Navidad que recibían anualmente era un derecho adquirido y formaba parte de sus condiciones laborales, no pudiendo ser suprimida por razones de ajustes económicos.

Han existido otras Sentencias, con mejor fundamentación jurídica, que tendrán más repercusión en nuestras vidas y las de nuestros clientes, pero estas han sido las que han ocupado portadas de diarios, entradas de telediarios y emisoras de radio, y lo que es más importante tertulias, de café.

Feliz Navidad a todos,

Alba Novell

GlobalWay Abogados

PACTOS SUCESORIOS

PACTOS SUCESORIOS

¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN?

Hace poco recibimos una visita en el despacho en relación a la firma de un pacto sucesorio, quería saber si dicha figura era ideal para ellos y en qué consistía. Habían oído hablar de dichos pactos y querían saber si podían ajustarse a sus necesidades.

La visita se recibió en nuestro despacho de Barcelona, si esta visita se hubiera recibido en Madrid, nuestra respuesta habría variado, seguramente, ya que el derecho sucesorio se regula de manera diferente en algunas comunidades autónomas, así que la primera cuestión a revisar cuando alguien se plantea utilizar un pacto sucesorio es saber que vecindad tiene, ya que a través de aquella se regulará el derecho sucesorio.

Los pactos sucesorios en derecho foral catalán tienen su antecedente en la figura del “hereu” o de la “pubilla” la finalidad era mantener unido el patrimonio familiar, normalmente la hacienda, para asegurar la supervivencia de la familia y el cuidado de los padres por parte de aquéllos. Nuestras sociedades han dejado de ser rurales y esto ha llevado a la modernización de dichos pactos. Además de en Cataluña, dichos pactos pueden ser utilizados en otras comunidades autónomas, en concreto: Navarra, Vizcaya, Aragón, Baleares y Galicia. Dicha regulación era típica de las sociedades rurales, si bien los mismos revelados muy útiles para la sociedad del siglo XXI, como veremos a continuación.

 

CONSEJOS A LA HORA DE FIRMAR UN PACTO SUCESORIO

En qué consiste el pacto sucesorio: es un acuerdo de voluntades entre el “causante” (testador) y los beneficiarios por la herencia (herederos), estos deciden sobre el destino de los bienes de la herencia, de todos o de parte, es decir, puede decidirse sobre la decisión de herederos o sobre la institución de legados. Una vez firmado el pacto sucesorio, ante notario, este no se podrá modificar, salvo en algunos casos excepcionales. Esto supone una gran modificación de la regla general de los testamentos ya que no permite la modificación de la voluntad del testador cuantas veces quiera.

Las ventajas son que dicho pacto sucesorio puede ser mutuo, puede instituir obligaciones para los beneficiarios.

Las desventajas son que una vez firmado el pacto sucesorio no puede modificarse salvo que acudan todas las partes del mismo al Notario de nuevo, o en supuestos excepcionales. Por ello, nuestro consejo es que en el pacto sucesorio aparezcan las causas, motivos que han llevado a la firma del pacto sucesorio, de modo que si aquellas no se dan el pacto sucesorio pueda quedar sin efecto. No hemos de olvidar que el pacto sucesorio supone una limitación del poder de disposición del “causante” y aquella limitación debe venir perfectamente limitada.

Además, estaría bien que en el pacto sucesorio quedarán perfectamente limitadas las personas beneficiarias del mismo huyendo de fórmulas estereotipadas.  No debemos olvidar que cuando se acuden a instituciones como esta, se hace precisamente para buscar una solución “no común”, por ello desde GlobalWay Abogados desaconsejamos utilizar fórmulas o expresiones jurídicas de uso común, un pacto sucesorio debe estar perfectamente diseñado y adecuado a las necesidades de los otorgantes.

A continuación os dejamos algunas preguntas que te plantearemos antes de otorgar un pacto sucesorio:

  • ¿Por qué necesito otorgar un pacto sucesorio?
  • ¿Quiénes deben ser los beneficiarios de dicho pacto?
  • ¿A qué bienes deben aplicarse dicho pacto sucesorio?
  • ¿Si firmo el pacto sucesorio en relación a determinados bienes me quedaran suficientes bienes para asegurar mi nivel de vida?
  • ¿Qué condiciones deberán cumplir los beneficiarios del pacto sucesorio para que aquél tenga sentido?
  • ¿Debe existir alguna causa de resolución del pacto sucesorio?

Una vez contestadas, entre otras, dichas preguntas, tu abogado estará en condiciones de redactar un pacto sucesorio que se adecue a tus necesidades y a las de tu familia.

Ventajas de los pactos sucesorios, dotan de estabilidad a la familia, y a las empresas familiares y evitan luchas entre hermanos/descendientes.

Esperamos que este artículo haya sido de tu interés, como siempre aconsejamos que acudas a tu abogado de cabecera para ello.

GlobalWay Abogados.

Proceso Monitorio Laboral : conoce tus derechos

Proceso monitorio laboral

Hace unos días publicábamos un artículo sobre el monitorio civil, en el presente artículo vamos a analizar un procedimiento específico de reclamación de cantidad contra la empresa que muchos trabajadores quizás no conocen y que puede significar cobrar las cantidades adeudadas por la empresa de una forma mucho más ágil y rápida, bien directamente de la propia empresa, bien del Fondo de Garantía Salarial cuando la empresa resulte ser insolvente. Se trata del proceso monitorio laboral, este procedimiento se recoge en el art.101 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Este proceso se puede dirigir contra la empresa cuando conste la posibilidad de su notificación por correo u otro medio de comunicación (correo electrónico, fax, etc) o por medio de cédula de notificación en su domicilio, y que no se encuentre en concurso, y debe referirse a cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada, derivadas de la relación laboral, siendo el importe máximo a reclamar por este procedimiento de 6.000 euros.

Se deben reclamar deudas que no estén prescritas (devengadas en menos de un año), y a la cantidad reclamada se podrá añadir el 10% en concepto de mora, ( retraso en el pago).

En la demanda de proceso monitorio se deben detallar y desglosar los conceptos, cuantías y períodos reclamados, y debe acompañarse copia del contrato, recibo de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o documento de cotización o informe de vida laboral, u otros documentos análogos de los que resulte un principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de la deuda, así como documentación justificativa de haber intentado la previa conciliación o mediación cuando éstas sean exigibles

Si la demanda reúne los requisitos anteriores el juzgado requerirá al empresario para que, en el plazo de diez días, pague al trabajador, acreditándolo ante el juzgado, o comparezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada, con apercibimiento de que de no pagar la cantidad reclamada ni comparecer alegando las razones de la negativa al pago, se despachará ejecución contra la empresa.

proceso monitorio laboral

Del requerimiento se dará traslado por igual plazo al Fondo de Garantía Salarial, plazo que se ampliará respecto del mismo por otros diez días más, si manifestase que necesita efectuar averiguaciones sobre los hechos de la solicitud, en especial sobre la solvencia empresarial.

Transcurrido el plazo conferido en el requerimiento, de haberse abonado o consignado el total importe se archivará el proceso, previa entrega de la cantidad al solicitante.

De no haber mediado en dicho plazo oposición, por escrito y en forma motivada, del empresario o del Fondo de Garantía Salarial, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud. Desde la fecha de este decreto se devengará el interés procesal (interés anual legal del dinero incrementado en dos puntos).

En caso de insolvencia o concurso posteriores de la empresa, el auto de despacho de la ejecución servirá de título bastante, a los fines de la garantía salarial que proceda según la naturaleza originaria de la deuda; si bien no tendrá eficacia de cosa juzgada, aunque excluirá litigio ulterior entre empresario y trabajador con idéntico objeto y sin perjuicio de la determinación de la naturaleza salarial o indemnizatoria de la deuda y demás requisitos en el expediente administrativo oportuno frente a la institución de garantía, en su caso.

Si por la empresa se formulase oposición en el plazo y la forma expresada en la ley, se dará traslado a la parte actora, que podrá, en los cuatro días siguientes, presentar, ante el Juzgado de lo Social demanda ordinaria por cantidades, en cuyo caso se procederá seguidamente al señalamiento ulterior de los actos de conciliación y juicio en la forma ordinariamente prevista, sobreseyendo en caso contrario las actuaciones.

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Recuperación del IVA y facturas impagadas

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¿Os habéis parado a pensar en alguna ocasión que el 21% de nuestras facturas es IVA?

La verdad es que cuando recibo a un cliente en el despacho rara vez me pregunta si Hacienda le devolverá el IVA adelantado. Olvidamos que, en la mayoría de los casos, cuando emitimos una factura y nos la impagan, sufrimos un doble perjuicio: por un lado no cobramos, por otro pagamos el 21% de IVA a Hacienda, es decir, pagamos por trabajar.

La realidad es que ese IVA se puede recuperar, pero en la mayoría de los casos, no se hace, y así Hacienda se enriquece sin causa.

¿Qué debemos hacer para recuperar ese IVA?

Primero de todo reclamar, dentro de los seis meses siguientes ( en el caso de una pequeña/mediana empresa) o en el año siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación de pago. En las operaciones a plazo, el año o, en su caso, el plazo de seis meses, empiezan a contar desde el vencimiento del plazo o plazos impagados, no desde el devengo del impuesto repercutido. Se consideran operaciones a plazo o con precio aplazado aquellas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año o, en el caso de PYMES, seis meses.

Existe una sola excepción cuando existe una declaración de concurso.

¿Cualquier reclamación es suficiente? No, Hacienda sólo considera válidas para solicitar la devolución, las reclamaciones judiciales o notariales (estas últimas siempre que se ajusten a unos criterios establecidos, hablaremos de ellas en nuestro próximo artículo.)

¿Se puede reclamar cualquier factura? No sólo aquellas que la base imponible sea superior a 300€.

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¿Qué debo hacer tras la reclamación judicial o el requerimiento notarial, puedo recuperar el IVA sin más?

No, eso sería demasiado fácil, debemos realizar una factura rectificativa, modificando la base imponible. La modificación debe efectuarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de un año (o, en el caso de PYMES, del plazo de seis meses) desde el momento del devengo de la operación o del vencimiento del plazo o plazos impagados en el caso de operaciones a plazo.

Dicha factura rectificativa debe notificarse al deudor, aconsejo que dicha comunicación se realice por burofax de manera que quede prueba de la entrega o intento de entrega y del contenido de la carta, de este modo una cosa menos a probar ante Hacienda.

No procederá la modificación de la base imponible cuando se trate de créditos que disfruten de garantía real, estén afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte garantizada, afianzada o asegurada, así como en el caso de créditos entre personas o entidades vinculadas a efectos del IVA, y aquellos que se refieren a operaciones cuyo destinatario no está establecido en España.

¿Cuál es el contenido de la factura rectificativa?

En esta factura rectificativa, la base imponible y la cuota se pueden consignar, bien indicando directamente el importe de la rectificación, sea el resultado positivo o negativo, o bien, tal y como queden tras la rectificación efectuada, siendo obligatorio en este último caso señalar el importe de la rectificación. También se hará constar su condición de documento rectificativo, la descripción de la causa que motiva la rectificación, los datos identificativos y las fechas de expedición de las correspondientes facturas rectificadas.

En este caso aconsejo hacer una mención especial a que la factura rectificativa en ningún caso significa condonación de las facturas rectificadas, permaneciendo inalterada la obligación de pago.

¿Cuál es el siguiente paso tras la modificación de la factura rectificativa?

Comunicar la factura rectificativa al acreedor, lo ideal es hacerlo por burofax para probar el intento de comunicación, la fecha y el contenido de la misiva. En caso de Concurso, aconsejo realizar una doble comunicación al Administrador Concursal y al Administrador de la sociedad, al domicilio de ésta. Así evitamos problemas con Hacienda.

Una vez realizados los anteriores pasos y anotado en el libro de facturas la rectificativa, estamos listos para COMUNICAR a la Delegación o Administración de la AEAT nuestra factura rectificativa y recuperar ese IVA en la siguiente declaración de dicho impuesto. Dicha comunicación de la factura rectificativa debe realizarse en el mes siguiente a la modificación de la base imponible practicada, haciendo constar que la factura no se refiere a créditos excluidos de posibilidad de rectificación. A partir del 1 de enero de 2014 dicha comunicación se realiza vía electrónica, a través del formulario disponible a tal efecto en la sede electrónica de la Agencia tributaria, en dicha página web deberán adjuntarse los documentos acreditativos de haber seguido todos y cada uno de los pasos descritos en el presente artículo.

Podéis encontrar más información en la página web de agencia tributaria o contactar con nosotros a través de nuestra página web www.gwabogados.es

GLOBALWAY ABOGADOS.

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VERANO, COPIAS Y MANTEROS

 

Llega el verano, y con él las caminatas por los paseos marítimos, raro es el paseo que no cuenta con algún mantero, donde poder comprar falsificaciones. Ante éstas la pregunta es siempre es la misma, ¿cómo puede ser que no se actúe contra las falsificaciones? y no por la policía, o por la administración, sino por los creadores, los diseñadores y la industria del sector.

La realidad es que detrás de dichas falsificaciones existe un mercado ingente, a la gente le gustan los chollos, pagar menos por lo mismo. Pero, ¿qué puede hacer un diseñador para evitar que esto ocurra? Cualquier actuación contra las falsificaciones requiere de un conocimiento de las leyes que protegen la Propiedad Industrial e Intelectual y de los mecanismos recogidos en la misma con dicho fin.

La realidad es que crear algo innovador, que no exista en el mercado, es difícil, es una pena que el esfuerzo de meses, a veces años, quede sin protección por desconocimiento.

Cuando un cliente llega al despacho con una consulta, en relación a la copia de un diseño, la primera pregunta a realizar es ¿ha registrado Vd. el diseño? En la mayoría de las ocasiones la respuesta es negativo, no son pocos los que se asombran ya que desconocían que los diseños se pueden registra. Dicha contestación va, casi siempre, acompañada de todo tipo de explicaciones sobre la singularidad del diseño y lo fácil que es demostrar su autoría.,

La siguiente pregunta es ¿cuánto hace que el diseño salió al mercado? y tras la respuesta, la contestación suele ser que hay poco o nada que hacer.

Así pues, la moraleja de esta historia es: DEBEMOS REGISTRAR LOS DISEÑOS INNOVADORES, y en caso de que no lo hagamos deberíamos saber qué protección otorga la ley a los DISEÑOS NO REGISTRADOS.

A continuación paso a exponeros las preguntas más habituales:

¿Qué diseños pueden ser objeto de protección?  La Ley de Diseño Industrial establece los requisitos a cumplir por un diseño, para que éste pueda ser objeto de protección, evitando de este modo que otras marcas lo copien.

  1. El diseño debe ser novedoso, lo que quiere decir que el mismo no puede ser idéntico a otro diseño dado a conocer con anterioridad, artículo 6 de la Ley de Propiedad industrial. ¿Si cambian unas cuantas piezas desaparece la identidad? No, si sigue siendo similar. Por lo tanto, tomar un diseño de  Armani o Rosa Clará y cambiarle un par de matices insignificantes, con el fin de sostener la falta de identidad, dicho diseño modificado podría implicar una infracción del diseño de la modista burgalesa.
  2. El diseño debe ser singular, la Ley dice (artículo 7) que tendrá carácter singular aquella prenda  que produzca una impresión general a un usuario informado diferente de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño.

Tras esta definición seguro que más de uno estáis pensando que la definición es vaga, y que dejar la decisión sobre la existencia o no a una mera “impresión” parece algo peligroso; lo cierto es que es así, a eso los abogados le llamamos conceptos jurídicos indeterminados, y una buena defensa de cualquier diseño está basada en un trabajo previo, cuyo fin es tener suficientes pruebas en las que basar una posible reclamación.

Me diréis ¿qué definición más vaga e imprecisa? y lo cierto es que tenéis razón, pero el Derecho está repleto de este tipo de definiciones que permite adaptar una norma a diferentes realidades sociales y situaciones, y así los abogados podemos defender tanto una postura como otra (o incluso a veces, ninguna).

  1. El diseño debe estar registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en su Registro de Diseños, o en la Oficina Europea. La Ley de Diseño Industrial sí obliga a los diseñadores a registrar sus coleccionessi quieren defender sus diseños frente a otras empresas que comercialicen diseños idénticos a los suyos. Dicho registro ofrece al diseñador una protección, hasta un máximo de 25 años, artículo 43 de la Ley de Propiedad Industrial.

4.- ¿Un diseño no registrado puede ser objeto de copia? Los dibujos y modelos comunitarios no registrados gozan de protección durante un período de tres años a partir de la fecha de su primera divulgación en el territorio de la Unión Europea. Al cabo de estos tres años, no es posible ampliar la protección.

El acto de hacer público un dibujo o modelo se denomina «divulgación». La divulgación de un dibujo o modelo y la capacidad de demostrarlo son elementos esenciales para su protección.

Así pues, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre la protección dispensada por la ley a diseños no registrados y a diseños registrados podremos comenzar a diseñar la estrategia de protección de su dibujo o modelo.

 

 

Alba Novell Vera
GlobalWay Abogados
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS PISOS TURÍSTICOS

evolución de los pisos turísticos

Como os comenté en mi anterior artículo, desde GLOBALWAY ABOGADOS hemos empezado a ofrecer asistencia jurídica, a través de la plataforma de EASY OFFER, a aquellos anfitriones afectados por expedientes abiertos a propietarios/inquilinos que realizan actividad de HOMESHARING.

Por ello, considero interesante remitirnos a los origines de AIR&B, creo que sus origines nos pueden aportar algo de luz sobre este fenómeno, actualmente demonizado. La realidad que B&B significa, bed and breakfast, es decir una persona que alquila una habitación en su casa y ofrece desayuno, si no lo tengo mal entendido el fundador de AIRB&B atravesaba dificultades económicas cuando vio en esta actividad una solución a sus penurias; como vivía en San Francisco y su casa era pequeña, en vez de una habitación ofreció un colchón de aire (AIR) de ahí el nombre AIRB&B.

De lo anterior, se deduce que el fin de esta actividad, no era hacerse millonario, sino subsistir, poder pagar facturas, hipoteca, es decir, sobrevivir. El éxito de su iniciativa individual le llevo a pensar que quizás esta opción podía ser interesante para otros, y de ahí a AIRB&B, a veces la necesidad es virtud.

Desde sus inicios hasta ahora, AIRB&B ha sido eso, una plataforma de economía colaborativa, que tiene como finalidad ayudar a los anfitriones con sus gastos diarios y a los invitados, vivir sus vacaciones de una manera alternativa. Sin embargo, en los últimos años, algunas ciudades han hecho de esta actividad su enemigo, o eso parece.

La precariedad laboral y el encarecimiento de la vivienda han facilitado el éxito de este fenómeno vacacional; las administraciones públicas, lejos de buscar una solución en su origen, mejores trabajos y vivienda asequible, han iniciado una lucha contra los anfitriones, sin darse cuenta de que no se pueden poner puertas al campo.

La realidad es que en la legislación española, el HOME-SHARING, o el uso y la habitación, siempre acudimos a anglicismos para hacer referencia a actividades que nos parecen nuevas, pero que en realidad existen desde siempre, desde los romanos, es una actividad permitida y lícita; y las legislación estatal, autonómica y/o local no lo prohíben.  Prohíben el alquiler turístico, pero no el HOME SHARING, tal y como os comentamos en nuestro anteior artículo sobre esta materia. A continuación os enumeramos las principales diferenteicas entre un piso turístico y un piso compartido:

  • En el HOME-SHARING el anfitrión alquila una o varías habitación/es de su casa: en los apartamentos turísticos alquila éste al completo.
  • En el HOME SHARING el anfitrión sigue viviendo en la casa, aunque esto no significa que deba estar siempre dentro; en los apartamentos turísticos aquéllos no pueden ser el domicilio del anfitrión.
  • El hecho de que el apartamento continué siendo el domicilio del anfitrión lo convierte en inviolable, salvo resolución judicial.

A la vista de lo anterior, y ante las posibles denuncias o visitas de inspectores, o aperturas de expedientes os aconsejamos para el caso de HOME-SHARING que dejéis claro que vuestra casa no se alquila de manera completa, que sólo alquiláis una habitación; también os aconsejamos que cuando ofrezcáis habitaciones en vuestra casa, vigiléis hacerlo como habitación, y no como piso completo.

En cualquier caso no estaría de más que preparéis documentación para facilitarla a las autoridades cuando tengáis visitas, un contrato o un documento de recepción, con la bienvenida y unas instrucciones básicas firmadas por el invitado, serían suficientes. Para ello no dudéis en contactar con vuestro abogado de cabecera, a fin de preconstituir prueba para evitar problemas.

Espero que este artículo os haya servido, en nuestro próximo artículo, sobre esta materia, diferenciaremos entre los apartamentos turísticos y los de temporada.

Alba Novell Vera

Globalway Abogados

 

 

 

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Formas de administración de las sociedades Anónimas y Limitadas

Sociedades anónimas y limitadas

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y LIMITADAS.

Tal y como expusimos en nuestro anterior artículo muchas son las similitudes entre Sociedades Anónimas y Limitadas y menos las diferencias, básicamente el conocimiento existente entre los socios y su vocación o no a la universalidad en el caso de las Anónimas y no en el caso de las limitadas en el que la figura del socio es esencial y se limita el régimen de transmisión de dicha condición.

Cuando hablamos del Órgano de Administración de una Sociedad nos referimos a quién va a tomar decisiones en dicha sociedad, artículo 209 de la Ley de Sociedades de Capital. Será en los Estatutos Sociales los que hayan determinado qué tipos de órganos sociales puede tener la sociedad, y en la Junta de Socios se concretará dicho cargo.

En cuanto a la forma de organizar la Administración de una Sociedad de Capital, el artículo 210 y siguientes establece las siguientes formas de organización:

  1. Administrador Único. Esta persona (física o jurídica, en este caso la Sociedad Administradora deberá designar a una persona natural para el ejercicio permanente del cargo) ostenta el poder de representación de la sociedad en todos los ámbitos.

  2. Administradores Solidarios. Pueden ser dos o más en este caso cada uno de los Administradores solidarios por si solo puede ejercer todos los derechos y obligaciones por cuenta de la sociedad, representa a la misma, sin necesidad de concurso de los otros administradores.

  3. Administradores Mancomunados. La representación de la Sociedad se otorga a varias personas de manera conjunta, siendo necesaria la presencia de todas ellas para el ejercicio de derechos y obligaciones en nombre de la Sociedad. Esta forma de Administración dificulta mucho el día a día de la sociedad, por lo que lo normal es que se otorguen poderes para realizar actos de gestión a algún/os de los administradores o a otras personas de manera que la sociedad no quede colapsada por su forma de administración.

  4. Consejo de Administración. La administración se confía a más de dos personas para que, de manera conjunta, administren la sociedad, como en el caso de los administradores mancomunados este tipo de órgano de Administración dificulta mucho el día a día, por lo que suelen designarse Consejeros Delegados o se otorgan poderes para realizar actos de administración necesaria. El consejo se organiza con un Presidente, Consejeros y en su caso secretario, que no tiene que ser miembro del consejo.

REMUNERACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR

Destacamos que la ley prevé, contra toda lógica que el cargo de Administrador es gratuito, es decir, que alguien asumirá un montón de obligaciones sin recibir nada a cambio, volvemos a poner de manifiesto que consideramos esta previsión de la ley como un anacronismo y contraria al sentido común y a la naturaleza de las sociedades capitalistas. En cualquier caso, los Estatutos podrán prever lo contrario, cosa que aconsejamos encarecidamente.

DURACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR

En el caso de las Sociedades Limitadas el cargo puede ser indefinido si bien no existe obstáculo para que el mismo sea por un plazo determinado, en cuyo caso pueden ser reelegidos. En el caso de las sociedades anónimas el cargo será el que señalen los estatutos sin que en ningún caso pueda exceder de seis años, los administradores podrán ser reelegidos por iguales periodos sin límite alguno.

Para ejercer el cargo de Administrador se deberá estar en pleno ejercicio de nuestros derechos, por lo que no podrán ser administradores, entre otros, los menores de edad, los incapaces o personas especialmente inhabilitadas para ese cargo.

OBLIGACIONES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES.

Los administradores deben aceptar el cargo, hasta que no se ha producido dicha aceptación no existe nombramiento. En el momento de la aceptación el Administrador deberá manifestar no estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad, es decir, que no tiene participación directa o indirecta, tanto por ellos como por personas vinculadas a ellos con sociedades con el mismo análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social. En caso de que no fuera así debería comunicarlo a la sociedad que quiere nombrarlo administrador.

Además, el Administrador está vinculado por la obligación de LEALTAD que le obliga a no realizar en beneficio propio o ajeno inversiones o a participar en operaciones que puedan entrar en conflicto con la empresa de la que es Administrador ni a realizar por cuenta propia o ajena la misma actividad, similar o complementaria a la que realiza la sociedad de la que es Administrador.

En garantía de dicha obligación, la Ley de sociedades de Capital, establece un procedimiento judicial según el cual cualquier socio de una Sociedad Limitada puede solicitar el amparo judicial, ante el Juez de lo mercantil del domicilio social, instando a aquél para que cese al administrador infractor de la prohibición de competencia. En el caso de las Sociedades Anónimas la solicitud de cese deber realizarse en la Junta General.

Además de la obligación de no competencia y de lealtad el Administrador/es de la sociedad debe cumplir con otras obligaciones, como son:

  1. Representar a la sociedad en juicio y fuera de él con la diligencia de un ordenado comerciante.

  2. Cuidar de que la sociedad, que él representa, cumple con las formalidades impuestas por el ordenamiento jurídico a este tipo de sociedades. El incumplimiento de esta obligación puede conllevar, en caso de incumplimiento, responsabilidad personal del Administrador/es/ del Consejo. El incumplimiento puede tener su origen tanto en una acción (hacer) como por omisión (no hacer).

  3. Convocar la Junta cuando lo consideren necesario, así como en aquellos casos en los que la ley así lo prevé (por ejemplo estar incursa la sociedad en una causa de disolución) y mantenerla informada sobre el día a día de la sociedad.

El incumplimiento de las obligaciones de los Administradores puede generar daños a la sociedad, a los socios o a un tercero ( por ejemplo un acreedor) y para estos supuestos la ley prevé la existencia de una serie de acciones para reclamar el resarcimiento de dichos daños directamente a los administradores, de estas acciones hablaremos en próximos artículos.

Como siempre esperamos que este artículo os haya parecido interesante y estamos a vuestra disposición para ampliarlo o para contestar a cualquiera de vuestras dudas. Pueden contactarnos en caso que requieran más información 

GlobalWay Abogados.