Trabajar desde casa: derechos y consejos del trabajo a distancia.

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Fecha de actualización: Miércoles 23 de septiembre de 2020

No se considerará TRABAJO A DISTANCIA cuando el mismo tenga su origen en las  medidas de contención sanitaria derivada de la COVID-19

Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario. En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados.

Pasamos a resumir los principales aspectos recogidos en el nuevo Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia que no es consecuencia del COVID 19, publicado en el BOE el 23 de septiembre de 2020:

Carácter regular de esta forma de prestación, garantizándose la necesaria flexibilidad en su uso. Se entiende que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de 3 meses, un mínimo del 30% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. (artículo 1)

Contratos celebrados con menores y en contratos en prácticas, para la formación y el aprendizaje: como mínimo 50% de prestación de servicios presencial. (artículo 3)

Derechos: el trabajador a distancia tendrá los mismos derechos que hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa (retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional, horario flexible, registro horario adecuado, derechos colectivos, información de la empresa y protección en materia de PRL). (artículo 4)

Carácter voluntario para el trabajador y la empresa, debiendo adoptarse mediante un acuerdo por escrito que deberá recoger todas las informaciones escritas pertinentes. La empresa deberá entregar a la representación legal de las personas trabajadoras una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen en un plazo no superior a 10 días. Esta modalidad de trabajo será reversible para la empresa y el trabajador. (artículo 5/6)

También tendrá derecho a una dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas y al abono y compensación de gastos. Así, el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

En el artículo 7 del mencionado Decreto se fija el contenido del acuerdo de trabajo a distancia y en el artículo 8 su posible modificación.

Acuerdo: El acuerdo de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito.

El acuerdo de trabajo a distancia deberá formalizarse, en su caso, en el plazo de tres meses desde que esta norma resulte de aplicación a la relación laboral concreta. Se considera infracción no formalizar por escrito este acuerdo.

Derechos de las personas trabajadoras a distancia:

  • Derecho a la carrera profesional: derecho a la formación, derecho a la promoción profesional.
  • Derechos relativos a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas.
  • Derecho al abono y compensación de gastos.
  • Derecho al horario flexible en los términos del acuerdo.
  • Derecho al registro horario adecuado.
  • Derecho a la prevención de riesgos laborales:

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a distancia deberán tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

La evaluación de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la prestación de servicios, no extendiéndose al resto de zonas de la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo del trabajo a distancia.

La empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona que trabaja a distancia mediante una metodología que ofrezca confianza respecto de sus resultados, y prever las medidas de protección que resulten más adecuadas en cada caso. Cuando la obtención de dicha información exigiera la visita por parte de quien tuviera competencias en materia preventiva al lugar en el que se desarrolla el trabajo a distancia, deberá emitirse informe escrito que justifique dicho extremo que se entregará al trabajador y a los delegados de prevención.

Esta visita requerirá, en cualquier caso, el permiso del trabajador, de tratarse de su domicilio o del de una tercera persona física. De no concederse dicho permiso, el desarrollo de la actividad preventiva por parte de la empresa podrá efectuarse en base a la determinación de los riesgos que se derive de la información recabada del trabajador según las instrucciones del servicio de prevención.

  • Derecho a la intimidad y a la protección de datos.
  • Derecho a la desconexión digital.
  • Derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia: tendrán derecho a ejercer sus derechos de naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que el resto de personas trabajadoras del centro al que están adscritas. La empresa deberá suministrar a la representación legal de las personas trabajadoras los elementos precisos para el desarrollo de su actividad representativa.

Protección de datos y seguridad de la información: las personas trabajadoras deberán cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la legislación sobre protección de datos y deberán cumplir las instrucciones sobre seguridad de la información.

Condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos útiles informáticos: las personas trabajadoras deberán cumplir las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas en la empresa en relación con los equipos o útiles informáticos.

Facultades de control empresarial: La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos.

Negociación colectiva: Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante esta modalidad, la duración máxima del trabajo a distancia, así como contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia.

Personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Las previsiones contenidas en el presente real decreto-ley no serán de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, que se regirá en esta materia por su normativa específica.

OKUPAS Y PROPIEDAD.

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LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

Según datos del propio Ministerio del Interior, la ocupación ilegal creció en España desde el año 2016 casi un 50% y entre 2018 y 2019 ha aumentado un 20%, hasta las 14.394 okupaciones. Estas cifras se han disparado durante en los últimos meses, con el estado de alarma y el confinamiento. Muchas son las consultas que nos llegan al despacho sobre este tema y lamentablemente siempre hemos de explicar que no hay una solución sencilla, al menos legal, y que el proceso va a ser largo y penoso. En GlobalWay Abogados, pensamos que la actual situación no debe perpetuarse, que hemos de aprovechar el eco que de la misma se han hecho muchos medios televisivos, para afrontar la misma, y buscar una solución que garantice el derecho a la propiedad, y la inviolabilidad del domicilio.

Muchos son los programas de televisión que durante la pandemia de COVID 19 han dedicado horas y horas de su programación al tema de la ocupación. Tanto de Telecinco como de Antena Tres han puesto el problema en su parrilla, dándole visibilidad e incidiendo en la total indefensión que sufren los propietarios e inquilinos que se ven privados de su vivienda, sin poder hacer nada, ya que la ley – una vez más- no está a favor de quien cumple con sus obligaciones y se posiciona a favor del verdugo, no de la víctima. Los delincuentes se aprovecha de un sistema extremadamente garantista con los derechos del ocupa y que desprecia o no tiene en cuenta las necesidades ni los sufrimientos de la víctima ( propietario/inquilino). Además, esta situación se ve agravada por el conocimiento que los ocupas tienen del sistema, conocen todos los recovecos y vericuetos legales y no sólo eso saben que el hecho de ser insolventes les beneficia ya que no podrán hacer frente a sanciones pecuniarias o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Así las cosas, esta semana en el despacho hemos recibido la visita de una inquilina que pasó un tiempo, durante el confinamiento fuera de su casa, en casa de sus padres, a su vuelta se ha encontrado su vivienda ocupada. Así de la noche a la mañana ve como debe seguir pagando la renta, no tiene vivienda y la ley no le protege. No puede resolver el contrato de arrendamiento porque no puede devolver la posesión a la propiedad, y para más INRI cuando recupere la vivienda deberá reparar todos los daños que aquella haya sufrido haciéndose cargo de los mismos, ya que la propiedad le entregó el piso en perfectas condiciones y así es como ella debe devolverlo.

En primer lugar, si elige la vía penal, deberá probar el dolo de los okupas, cosa harto difícil, porque como en la mayoría de las ocasiones aportaran un contrato de arrendamiento firmado con quien decía ser el propietario, en el que en muchas ocasiones aparece entregada una cantidad a cambio de las llaves y se presentarán ante el juzgado como una víctima más. Pese a lo anterior, son conocedores desde el primer momento de su situación irregular como demuestra el hecho de que no pagan ningún suministro y los obtienen todos ellos de manera ilegal, enganchándose. Por ello, sorprende sobremanera que los juzgados acepten dichos contratos como medio de prueba de su buena fe y de la inexistencia de dolo. A nuestro modesto entender dicho contrato y el hecho de estar enganchado desde un primer momento a los suministros demuestra que desde su entrada en la vivienda era conocedor de lo ilegal de su situación y el hecho de haber sido “estafado”, en caso de que lo fuera no le legitima para delinquir para causarle perjuicios a otro, por eso en el momento de su entrada y tras constatar su situación debería haber abandonado la vivienda, lejos de comportarse de dicha manera persisten en su actitud delictiva y se presenta como una víctima junto con el propietario/inquilino. Entendemos que esa sea su estrategia procesal, pero la realidad es que la misma no debería triunfar. No debería declararse la falta de dolo por la existencia de un contrato de arrendamiento falso, sino todo lo contrario la existencia del mismo debería probar el dolo del ocupa.

A la vista de lo anterior y ante las dificultades que implica haber de probar el dolo del ocupa, en muchas ocasiones se desprecia la vía penal y se opta por la vía civil, en principio más rápida, ya que la misma se limita a comprobar si el ocupa tiene algún derecho y en caso de no existir el mismo se procede a dictar resolución estimatoria y señalar fecha para su lanzamiento, esta es la teoría, preciosa como siempre. Pero la realidad diverge un poco de lo anterior, ya antes del covid el lanzamiento se prorrogaba excesivamente y los ocupas presentaba recursos, escritos y más escritos para dilatar el procedimiento, lo más posible. Ahora, tras el COVID, los juzgados están colapsados y sobrepasados por lo que los tiempos se dilatarán más, además el COVID hará más lento el lanzamiento, ya antes llegados a dicha fase el ocupa solicitaba prórrogas  alegando estar en situación de vulnerabilidad, o se suspendía el lanzamiento porque en la casa moraban niños, animales o algún enfermo … etc, ahora no quiero pensar que va a pasar, pues las medidas de higiene van a dificultar más si cabe dicha ejecución.

Así pues, a la vista de lo expuesto ninguna de las dos vías es la ideal y a la responsabilidad de la actual situación no es de los abogados, de los tribunales o de la policía, todos hacemos nuestro trabajo de la mejor manera que podemos o sabemos, la culpa la tiene la actual legislación y la falta de inversión en la administración de justicia, sin olvidar la idea cuasi romántica que en los últimos años se daba del colectivo ocupa. Hemos tardado años en dejar de ver a los okupa como un movimiento alternativo y verlos como lo que realmente son una clase de delincuencia, tras la cual se esconden mafias y explotación de personas necesitadas.

Llegados a este punto, la gran pregunta es ¿Qué debe/puede hacerse? La realidad es que los políticos deberían modificar la ley, y establecer un procedimiento administrativo por el que si una persona demuestra que su casa ha sido ocupada la policía pueda desalojarla. En realidad pueden, en ningún sitio aparece el límite de 48 horas, es una leyenda urbana que ha pasado a ser un dogma de fe. En realidad, la policía teme que si actúan les denuncien poniendo en riesgo su carrera profesional. Para evitar dichos temores, totalmente fundados, la ley debería establecer unos criterios claros de que ocupada una vivienda ( morada) la policía puede actuar desalojando a los ocupantes, sin necesidad de autorización judicial alguna, ya que el domicilio es inviolable y la ocupación no puede convertir la morada de otro en domicilio del okupa, un acto ilícito no puede servir de base para fundamentar la existencia de un derecho.

Necesitamos una interpretación de la Constitución y de la ley favorable al ciudadano que respeta las normas, no a quien las conculca y se aprovecha.

Durante este año 2020 en España se han interpuesto unas 40 denuncias diarias por ocupación de viviendas, y eso es sólo la punta del iceberg. El 48,5% de todos los inmuebles ocupados en 2020 están en Cataluña, donde se han presentado 3.611 denuncias en los primeros seis meses del año, casi medio millar más que en el mismo período del año pasado.

A la vista de lo anterior nuestro consejo es denunciar lo antes posible, solicitar la intervención judicial y el desalojo inmediato alegando que es nuestro domicilio y que el domicilio es inviolable y si pese a lo anterior no conseguimos dicho desalojo inmediato interponer acciones civiles para conseguir el lanzamiento del ocupa.

GlobalWay Abogados

«UN BUEN CONTRATO EVITA UN MAL JUICIO»

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By ALBA NOVELL

LA INDEMNIZACIÓN DE CLIENTELA EN LOS CONTRATOS DE AGENCIA es  uno de los temas recurrentes, tras la finalización de un contrato de agencia, es la indemnización por clientela. En GLOBALWAY ABOGADOS, como bien sabéis, creemos por el derecho preventivo: “un buen contrato evita un mal juicio”.

La realidad nos indica que, en los contratos de colaboración empresarial, en los que dos empresarios acuerdan aunar esfuerzos para conseguir resultados económicos, no se suele prever la finalización de estos, pasa lo mismo que con los matrimonios, nadie quiere ponerse en el peor de los supuestos, qué pasará si llega el divorcio.

Pero, la practica aconseja prever dicho supuesto, porque las relaciones humanas, como cualquier ser vivo, nacen, crecen y mueren y, un buen contrato debe regular dichas tres fases, si cabe con mayor atención a la última que es la que, habitualmente, acaba resolviéndose ante un Juzgado.

Los contratos de agencia tienen una regulación específica, que hace que tengan una protección especial, ya que las normas recogidas en la ley 12/92, de 27 de mayo, los blinda y hace que el agente no pueda renunciar a sus derechos en el contrato, no se puede pactar en contra, pero, si se pueden matizar sus efectos.

La indemnización por clientela está protegida por esa normativa, ¿qué se esconde detrás de dicha indemnización? Pues, una indemnización por enriquecimiento injusto. Lo que se paga al agente es el beneficio futuro que el empresario principal podrá obtener con la clientela que el agente ha creado durante la vigencia del contrato y que, tras su marcha, seguirá produciendo beneficios al principal.

La ley de agencia fija la cuantía máxima que le puede corresponder al agente en dicho concepto, la media anual de los últimos cinco años, y si el contrato ha durado menos de cinco años, se calcula la media teniendo en cuenta el tiempo que aquel haya estado en vigor, artículo 28 de la ley de Agencia.

Pero la ley de Agencia no fija un mínimo de indemnización, aunque establece que para la fijación de dicha cantidad deberá estarse a las condiciones de cada contrato, a la existencia de clientela o el aumento de esta, a los beneficios que aquella va a reportar en el futuro y a la existencia o no de cláusulas de exclusiva o de no competencia.

Conforme reiterada jurisprudencia el derecho a la indemnización por clientela, del Art 28 de la Ley de Agencia, exige los siguientes requisitos cumulativos: 1. la extinción del contrato; 2. la existencia de clientela; 3. posibilidad razonable de que la actividad del agente pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario.

  1. Que finalice el contrato. No se tendrá derecho a la indemnización por clientela cuando sea el agente quien lo resuelve o la resolución sea consecuencia del incumplimiento de aquel. Un listado en el contrato de que se considera incumplimiento esencial que da lugar a la resolución facilitará mucho una posterior reclamación, tanto para la parte que alega la existencia del cumplimiento como para la que la niega.

La reducción del territorio en un contrato de agencia, con la consiguiente pérdida de aquel y de los clientes que residían en el mismo, daría lugar a indemnizar la clientela a favor del agente, siempre que este no optara por la resolución del contrato por modificación sustancial del mismo.

  1. Que el agente haya aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente. Adjuntar al contrato de agencia, en el momento de su firma, un listado de la clientela ya existente en la zona y que pertenecía al empresario principal, hará que una futura reclamación judicial sea más sencilla. Conforme reiterada jurisprudencia el derecho a la indemnización por clientela del art 28 exige. la captación de clientela o el incremento sensible de operaciones con clientela preexistente ( STS 30 de noviembre del 2004 ) .
  2. Que la clientela aportada por el agente pueda seguir aportando beneficios al empresario/principal. Dicha aportación de beneficios futuros es simplemente la posibilidad de obtenerlos, no siendo necesario que se pruebe que los va a obtener, ya que el principal es libre de trabajar con quien quiera en el futuro. En esta línea la Audiencia provincial de Pontevedra, 17/01/2019 y El Tribunal Supremo en Sentencia del 30/04/2004, indica que «no se puede cargar al agente con la carga de demostrar beneficios futuros asegurados, sino que lo decisivo es que la clientela se vea incrementada debido a la actividad del agente, la que se traspasa a la concesionaria como una especie de fondo de comercio«. Si en el contrato se fija cual es la aportación de cada parte a la creación de la clientela y qué debe considerarse cliente y que no esto facilitará mucho futuras disputas.

«En el próximo artículo hablaremos de la indemnización por clientela en los contratos de distribución y la aplicación analógica de la Ley de agencia.»

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Así pues, tras la resolución del contrato de agencia el agente tiene derecho a reclamar una indemnización por clientela, en el plazo máximo de un año, artículo 31 de la Ley de agencia, siempre que se den los requisitos recogidos en los apartados anteriores. Nuestro consejo es que tan pronto se reciba una carta de resolución de un contrato de agencia contactéis con vuestro abogado de confianza. Ya sabéis que desde GLOBALWAY ABOGADOS apostamos por la figura del abogado de cabecera, que conoce a sus clientes y les ayuda a conseguir sus objetivos.

El agente deberá probar lo anterior, es decir que no ha sido el quien ha resuelto el contrato. Si la resolución se debiera a un incumplimiento del agente, será el principal quien deba probar dicho incumplimiento, debiendo el agente sólo negar dicho incumplimiento.

La aportación de nuevos clientes, en este supuesto, es fácil cuando se ha iniciado de cero, más dificultades presenta cuando se ha iniciado con una cartera de clientes del empresario principal, en cuyo caso deberá ampliarla sustancialmente.

Deberán probar que dichos clientes han sido atraídos por su trabajo y no por el poder de la marca o del producto del principal para el que realiza sus funciones como agente. La STS de 27 de junio de 2.013 afirma que deben valorarse factores como la dedicación del agente, el número de clientes aportados, el volumen de operaciones que éstos comporten y las demás circunstancias del caso como el aprovechamiento por el fabricante, o el pacto de limitación de la competencia. Hay que reconocer que la marca es importante, y que con un buen producto es más fácil vender y conseguir clientes, pero no lo es todo.”

Deberá probar que pueden seguir produciendo beneficios económicos al principal tras la resolución del contrato de agencia.

Si el agente prueba lo anterior tendrá derecho a una indemnización por clientela, la fijación de la cuantía dependerá de dichos beneficios futuros y de los esfuerzos y pactos de limitaciones establecidos en el contrato de agencia. Para dicha fijación, es aconsejable, aportar un dictamen pericial que pruebe los anteriores extremos.

Si el empresario principal puede probar que ha colaborado, también él, activamente, en la creación, mantenimiento y/o incremento de la clientela; o, que no todos los clientes le van a producir beneficios en el futuro podrá oponerse a la reclamación de indemnización por clientela y reclamar una reducción de la cuantía solicitada por el agente. La prueba de dichos extremos puede realizarse negando simplemente las afirmaciones del agente, ya que a él le corresponde la prueba, o aportando una contrapericial con el fin de contrarrestar la aportada por el agente.

Como habéis podido leer, el éxito de la reclamación de una indemnización por clientela, se basa en: 1) La existencia de un buen contrato de agencia 2) La existencia de una pericial que sirva de fundamento a la demanda presentada.

Para cualquier consulta o aclaración quedamos a vuestra disposición, estaremos encantados en resolverlas, el presente artículo no implica asesoramiento jurídico alguno.

En Barcelona, a 12 de agosto de 2020

Alba Novell Vera

Letrada ICAB

GLOBALWAY ABOGADOS

(Especialistas en empresas)

QUÉ DEBE RECOGER UN BUEN CONTRATO DE AGENCIA Y/O DISTRIBUCIÓN, dERECHO PREVENTIVO O CONTRATOS DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESARIOS.

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. «MÁS VALE PREVENIR QUE LITIGAR«

Los contratos de colaboración entre empresarios, agencia y distribución, como decíamos en nuestro anterior email son aquellos contratos por los que conferimos la representación de nuestra empresa o la venta de los productos de estas a una persona concreta, física o jurídica.

Los contratos, son ley entre las partes, tal y como dice el artículo 1255 del Código civil, y esta realidad es aplicable también a los contratos de colaboración. Si bien cuando hablamos de los contratos de agencia la libertad de las partes es más reducida que cuando se trata de los contratos de distribución, esto es así porque la Ley 30/92 de 26 de mayo, que regula los contratos de agencia, establece unos requisitos mínimos, que no admiten pacto en contrario.

Como bien sabéis en GLOBALWAY ABOGADOS, apostamos por el derecho preventivo y somos files a nuestra máxima que un buen contrato evita un mal juicio. Por eso, os aconsejamos huir de soluciones estereotipadas y acudir a vuestro abogado de cabecera para que os cree un traje a medida, un contrato que se adapte a todas vuestras necesidades, que tenga en cuenta vuestros objetivos, y evite, en la medida de lo posible futuras disputas, y si no es posible facilite su solución.

En las relaciones entre empresarios lo mejor es tener desde el principio claro los derechos y obligaciones de cada una de las partes y las consecuencias de un posible incumplimiento.

Pues bien, dicho lo anterior, pasamos ahora a explicaros los datos esenciales que debería contener un contrato de distribución.

  1. Las partes, el principal y el colaborador (agente o distribuidor)
  2. El objeto del contrato, que va a comercializar el colaborador, en ocasiones serán todos los productos del principal/empresario, otras veces serán solo determinados productos que quedarán limitados por marca, o por finalidad.
  3. El territorio donde el colaborador va a ejercer la actividad, en este caso estará bien recoger posibles excepciones, es decir el Principal podrá reservarse la relación con determinados clientes, ya existentes o que por el motivo que sea no quiera que el colaborador se dirija a ellos.
  4. Tiempo de vigencia del contrato, su duración, el ordenamiento jurídico intenta evitar los contratos indefinidos y en este sentido, cuando un contrato de agencia tiene duración indefinida el mismo puede resolverse con un preaviso mínimo de un mes por año de duración del contrato, con un máximo de 6. No está de más, en este tipo de contratos, recoger las maneras de resolución del contrato por transcurso del tiempo y las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento.
  5. Si la actividad del COLABORADOR se realiza de manera EXCLUSIVA y si el principal también se compromete a que sólo el agente podrá vender en EXLUSIVA en dicho territorio o habrá coexistencia con otros agentes, o con él mismo. En este sentido existe una multitud de pactos posibles, y un correcto estudio del proyecto evitará futuros problemas al acordar, desde un buen inicio, las limitaciones.
  6. Pacto de no competencia, tras la finalización del contrato de distribución y/o agencia.
  7. Objetivos fijados para el colaborador, y consecuencias derivadas del no cumplimiento de dichos objetivos, incumplimiento esencial. También es interesante prever una actualización automática de dichos objetivos.
  8. Lista de clientela, al inicio del contrato (que facilita el empresario).
  9. Tratamiento de la indemnización por clientela, la misma no puede excluirse en el contrato de agencia, si en el contrato de distribución, pero, si pueden en ambos casos recogerse criterios para su cálculo, por ejemplo ¿Quién debe ser considerado cliente? ¿Cómo debe calcularse dicha indemnización? ¿Cuál es la contribución del principal a la obtención de dicha clientela? ¿Qué importancia tiene la marca del principal en dicha consecución de clientes?…
  10. Incumplimientos y sus consecuencias, en este caso podemos hablar de dos tipos de incumplimientos, esenciales que dan lugar a la resolución del contrato y no esenciales que pueden llevar aparejadas otra serie de consecuencias, como serían, la pérdida de la exclusiva, la disminución de la comisión, el pago de una sanción.
  11. Consecuencias derivas de la resolución del contrato por una causa distinta del incumplimiento, estas consecuencias serían básicamente dos: 1) Indemnización por clientela 2) Indemnización por daños y perjuicios.
  12. Formas previstas de la resolución de conflictos entre empresario principal y colaborador.

Como veis muchas son las opciones y las decisiones que se deben tomar cuando se firma un contrato de colaboración con otro empresario, y para evitar sorpresas y malos entendidos lo mejor es que de todo quede constancia escrita y para ello, lo mejor, es constar con un asesoramiento experto de confianza, en GLOBALWAY ABOGADOS llevamos varios lustros aconsejando y acompañando a las empresas en su día a día, y buscando las soluciones adecuadas a sus necesidades.

GLOBALWAY ABOGADOS https://gwabogados.es/

(Especialistas en empresas)

CÓMO SOBREVIVIR AL COVID 19. CONTRATOS DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESARIOS

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Desde GlobalWay Abogados queremos facilitaros una serie de herramientas para que vuestras empresas sobrevivan a la pandemia del COVID 19. Como se venía prediciendo la pandemia que nos ha tocado vivir no sólo tendrá efectos sanitarios, sino sociales y económicos.

Muchas de las empresas de nuestro entorno están en peligro, la figura de los ERTE ha servido para suavizar la situación, pero cuando estos finalicen deberemos tener configurada una estrategia para sobrevivir.

En esta crisis, como en la del 2008, sólo seguirán en el mercado aquellas empresas que se anticipen a los problemas, que los vean venir y sobre todo que mantengan su presencia en el mercado y bajen costes. Seguramente, tras ori esta afirmación estaréis pensando que es imposible conseguir ambos objetivos a la vez, pues no, es posible, por eso en los próximos artículos vamos a facilitaros información al respecto.

Este verano, marcado por el COVID 19, por la bajada de ingresos, y por la incertidumbre en el horizonte empresarial. Las empresas se están planteando colaboraciones con terceros para mantener su nivel de ingresos, los turistas han dejado de venir a nuestro país, y ello ha incidido en el tejido empresarial; no sólo afecta al bar de las Ramblas o a los hoteles de la Alhambra o de la Costa Dorada o la Costa de la luz, que se han visto obligados a cerrar, sino también a los empresarios que suministraban a dichos establecimientos productos o servicios, así que cuando se habla de los puestos de trabajo afectados no deben computarse sólo los directos sino también los indirectos.

Por ello, más allá de los ERTE, las empresas están en una búsqueda activa de maneras de ampliar nuestro mercado, buscan nuevos clientes/mercados, pero no quieren o no pueden asumir nuevos gastos; y, en ese ámbito son de gran ayuda los contratos de colaboración entre empresarios, a ellos dedicaremos una serie de artículos.

Además, los ERTE, que han permitido que las empresas sobrevivan al dejarlas aletargadas, permitiendo una reducción drástica del gasto, a la espera de la “famosa” y deseada vacuna, conllevan una serie de obligaciones, principalmente dos: 1) el mantenimiento del empleo, con algunas excepciones (de las que hablaremos en otro artículo) 2) no poder contratar a nuevos trabajadores mientras persista el ERTE, con la única excepción de que el puesto de trabajo, cubierto con el nuevo trabajador, no pueda ser cubierto por cualquiera de los existentes.

Sin embargo, el ordenamiento jurídico da herramientas a aquellos empresarios que quieran buscar nuevos clientes, sin asumir más costes de los necesarios, y sin poner en riesgo su empresa.

Uno de esos mecanismos son los contratos de colaboración, los más conocidos son DISTRIBUCIÓN, AGENCIA, FRANQUICIA. A través de estos el empresario busca ampliar su base, sin asumir costes nuevos, estos contratos siempre han sido necesarios para poder subsistir en el mercado, pero ahora más que nunca se presentan como una herramienta idónea para sobrevivir al coronavirus. A través del colaborador mercantil el empresario busca nuevos clientes y mantiene los antiguos.

Los contratos de colaboración varían en función de la mayor o menor riesgo asumido por el colaborador, los dos contratos más habituales son el de Agente Comercial (conocido como representante) y el de Distribuidor.

Las diferencias principales existentes entre uno y otro son las siguientes, utilizando las definiciones que la RAE da en relación a dichas figuras:

  1. Agente: persona que se dedica a promover operaciones por cuenta de otro y recibe por ello una comisión.
  2. Distribuidor:   es la persona física o jurídica que comercializa un producto que ha adquirido de un tercero, habitualmente el fabricante para venderlo al consumidor o a otro distribuidor.

La diferencia principal, entre uno y otro, radica en la independencia y el riesgo; el distribuidor asume todo el riesgo, es decir compra para revender, el agente no adquiere el producto que coloca en el mercado. El beneficio del distribuidor se encuentra en el margen existente entre el precio al que compra y al que vende; precio que fija él, el beneficio del agente es la comisión a la que tiene derecho.

Dichas diferencias esenciales son el fundamento de las consecuencias derivadas entre la elección de uno u otro contrato a la hora de crear nuestra red de distribución, esto es:

  1. Mayor o menor independencia
  2. Territorio otorgado a cada uno de ellos
  3. Exclusividad o no
  4. Duración de la relación de colaboración y consecuencias de su finalización.
  5. Obligaciones de las partes, y consecuencias de su incumplimiento.
  6. Resolución
  7. Consecuencias de la resolución: 1) Indemnización por clientela y/o 2) Indemnización por Daños y perjuicios
  8. Forma de resolución de posibles conflictos entre los colaboradores.

De todo ello hablaremos en los próximos artículos de nuestro blog, con el fin de facilitaros la elección, no siempre sencilla, ya que ambas figuras tienen sus pros y sus contras.

Para cualquier consulta o aclaración estamos a vuestra disposición bien online en el correo: info@gwabogados.es o bien presencialmente en nuestras oficinas de Barcelona, sitas en Trav. de Gracia 97, 1-2, donde  os atenderemos encantados.

GLOBALWAY ABOGADOS.

(Especialistas en empresas)

¿Qué es un ERTE?

ERTE ( EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO)

En este artículo pretendemos resolver las dudas sobre los ERTE (EXPEDIENTES TEMPORALES DE REGULACIÓN DE EMPLEO). El gobierno sacará la nueva regulación del ERTE, y la cambiará parcialmente, haciéndola más sencilla en cuanto a su tramitación.

Por esto  resumiros las características esenciales del ERTE:

1) Un ERTE es un EXPEDIENTE TEMPORAL DE REGULACIÓN DE EMPLEO, viene regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y puede consistir en suspender contratos de trabajo o reducir la jornada laboral de las personas trabajadoras de manera temporal, o una combinación de ambas alternativas.

2) En la situación actual, estamos ante un ERTE por fuerza mayor. Una vez presentado el ERTE, la existencia de fuerza mayor tiene que ser constatada por la autoridad laboral, con independencia del número de trabajadores afectados. La resolución de la autoridad laboral debe dictarse en el plazo de cinco días desde la solicitud; y, se limita a constatar la existencia de fuerza mayor o no. La suspensión o la reducción de los contratos surte efectos desde la fecha del hecho de fuerza mayor.

3) la reducción de jornada puede disminuirse entre un 10% y un 70%, con una reducción análoga de salario.

4)El importe diario de la prestación que cobrará el trabajador será durante los 180 primeros días el 70% de la base reguladora, a partir del día 18 hasta el final de la prestación será el 50%. Si el desempleo fuera parcial percibirá la parte proporcional a las horas en que esté desempleado.

5) Las autoridades competentes son la Comunidad Autónoma cuando el ERTE afecta a trabajadores que desarrollan su actividad dentro de la COMUNIDAD AUTÓNOMA.  La Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo cuando afecte a empresas con trabajadores en más de dos Comunidades Autónomas, salvo que el 85% de la plantilla radique en el territorio de una comunidad autónoma, en cuyo caso se realizará ante dicha Comunidad Autónoma.

 

6) Se puede incluir en un ERTE a cualquier trabajador, incluso a los que tiene una reducción por cuidado de hijo o de ascendiente además a los que están en situación de incapacidad temporal o de maternidad o paternidad. En este último caso a estos trabajadores no les afectarán las medidas del ERTE hasta que se produzca el alta médica o finalice el periodo de descanso por maternidad o el permiso por paternidad.

7) El trabajador incluido en un ERTE, consume su PARO, si bien una de las medidas que estamos esperando del GOBIERNO es que no se consuma. En el supuesto de reducción de jornada que dé lugar a desempleo parcial, el consumo de la prestación se producirá por horas y no por días. A tal fin el porcentaje consumido será equivalente al de la reducción de jornada. En el caso de suspensión total, por cada día de suspensión que se perciba prestación de desempleo se consume un día de derecho, teniendo en cuenta los días laborables del mes.

8) Las personas que tengan suspendido el contrato por un ERTE, pueden realizar otra actividad laboral, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.

9) Si no se tiene derecho a cotización por desempleo, por no haber cotizado 360 días, y cumple con el resto de requisitos exigidos para cobrar dicha prestación, se podría acceder a un subsidio por desempleo.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración o consulta 932418535 o enviando un email a anovell@gwabogados.es

Aquí encontraréis la guía a aplicar en el trabajo para luchar contra el coronavirus

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La libertad provisional: requisitos y obligaciones

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La privación de libertad siempre es la última medida a tomar ante una persona, pues no puede ser privada de libertad sin motivo. No siempre que alguien se enfrenta a un proceso penal, debe ir directamente a prisión. En muchos casos, el acusado no pisará la cárcel hasta que la sentencia no sea firme y, por tanto, estará en libertad provisional. Aunque todo eso depende de las circunstancias y de la gravedad del delito.

Por tanto, cuando te detienen por un delito, que puede que cometieras o no, te llevan a los calabozos de la policía y, a continuación, al juzgado. Allí te preguntan sobre tu participación en el delito y puede pasar estas dos cosas:

  • Que te ingresen en prisión.
  • Que te dejen en libertad provisional.

A continuación, mostraremos algunos conceptos acerca de qué es la libertad provisional y los requisitos que hay que tener para conseguirla.

La libertad provisional es una medida temporal que decide el juez para que el detenido no escape de la justicia hasta que acabe el juicio. Se da siempre que el juez crea que no es necesario que ingrese en prisión provisionalmente a la espera de que se celebre el juicio.

Los requisitos para que el juez decida conceder la libertad provisional son:

  • Que no exista ninguna pista clara de que se ha cometido un delito.
  • Que el juez dude sobre si esa persona cometió el delito.
  • Que la pena para este tipo de delitos sea inferior a seis años de prisión.

Si no se cumplen estos requisitos, aún hay otras opciones para conseguir la libertad provisional:

  • No tener antecedentes penales.
  • Que no existan señales que le hagan pensar al juez que el acusado puede escapar de la justicia.
  • Que los hechos sean leves.
  • Que los hechos no hayan provocado alarma en la sociedad.
  • Que no se haya cometido ese delito anteriormente.

Cuando el imputado sale en libertad, deberá comportarse con un cuidado extremo, ya que por cualquier desliz que cometa, del tipo que sea, dará de nuevo con sus huesos en la cárcel. Una vez está esto claro, habrá que esperar el tiempo que haga falta hasta que designen la fecha para el juicio y el fiscal realice su solicitud de pena. Entonces deberá reunirse en reiteradas ocasiones con el abogado a fin de preparar el juicio.

Estar en libertad provisional supone cumplir algunas obligaciones:

Ir al juzgado cada cierto tiempo y, también, cada vez que lo pidan, asistir. Esto sirve para saber que el detenido no ha escapado. Es imprescindible cumplir con esta obligación, de lo contrario podría suponer perder la libertad provisional.

Es posible que el juez exija un ingreso en la cuenta del juzgado de una determinada cantidad de dinero que sirva como fianza. La fianza, determinada por el juez, sirve para asegurarse que se cumple con la obligación de pagar si al final el acusado es condenado. Si concluido el procedimiento, el imputado resultara absuelto de los cargos que se le imputan, recuperará el importe íntegro de su fianza. Si no compareciera ante el juzgado, el dinero se adjudicará al Estado.

La declaración de libertad sin fianza, en cambio, supone una garantía menor, ya que sólo impone al imputado la obligación de presentarse ante el órgano jurisdiccional los días que éste señale.

Además, existe la posibilidad de que el juez determine una prohibición de residencia, comunicación o acercamiento con determinadas personas. Son aquellas medidas de protección a la víctima de homicidio, lesiones, delitos contra la libertad, abusos, etc.

La retención del pasaporte y prohibición de abandonar el territorio español, el sometimiento a vigilancia policial y la privación provisional de usar el permiso de conducir (en casos en que el delito haya sido cometido con vehículo a motor), también son medidas que el juez puede determinar según el caso.

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En GWAbogados  ofrecemos amplios conocimientos jurídicos y años de experiencia. Nuestro equipo de especialistas trata todo tipo de casos relacionados con el derecho penal, entre muchas otras especialidades.

Contacta con nosotros si deseas más información sobre la libertad provisional y la prisión preventiva. ¡Estaremos encantados de atenderte!

Teléfono de atención: 93 241 85 35

Email: info@gwabogados.es

RECLAMACIÓN DE DEUDAS EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE ¿CÓMO COBRAR TUS FACTURAS PENDIENTES? ¿A QUIÉN RECLAMAR EN CASO DE IMPAGO?

walking path trail nature royalty free thumbnail 350x321 - RECLAMACIÓN DE DEUDAS EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE ¿CÓMO COBRAR TUS FACTURAS PENDIENTES? ¿A QUIÉN RECLAMAR EN CASO DE IMPAGO?

¿Eres transportista? ¿Tienes alguna deuda pendiente de cobrar? Este artículo te interesa, vamos a explicarte cómo cobrar tus facturas cuando la persona que te contrato a ti no te paga.

La subcontratación es práctica habitual en todas las empresas, pero si cabe aún más en el mundo del transporte, donde en muchas ocasiones se utiliza los servicios de diferentes transportistas para que un paquete llegue a destino.

En los próximos meses viviremos un aumento de la morosidad de las empresas, y deberemos buscar medios alternativos para cobrar las facturas, en muchos casos se pedirán garantías u otro tipo de medios para cobrar.

Como sabéis nuestro despacho, GlobalWay Abogados, está especializado en el asesoramiento de empresas, y una de nuestras máximas preocupaciones es dotar a nuestros clientes de contratos que minimicen el riesgo de impagos.

Sin embargo, en el mundo del transporte dicho riesgo se reduce gracias a la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Transporte Terrestre, donde se fija una garantía que muchos de los que se dedican a este sector desconocen, la solidaridad en el pago de las facturas pendientes, solidaridad que no se extingue con el pago, el cual no libera, en todo caso, sino que se extiende más allá del mismo. En este artículo os explicamos esta figura, su funcionamiento y cómo os puede beneficiar.

En múltiples ocasiones el contratista principal subcontrata a otros para que hagan, en todo o en parte su trabajo, y a veces, estos también subcontratan a su vez a otro transportista, con lo que tenemos una cadena de transportistas que realizan cada uno su trabajo para cumplir con el encargo del principal de llevar determinado objeto a determinado sitio.

Pero ¿Qué pasa si una de las empresas/autónomos de la cadena no paga a quién contrató? ¿Este sólo puede reclamar a su contratante? ¿No puede reclamar a los anteriores? La respuesta a esta pregunta es SI, en principio, puede reclamar a cada una de las personas que le preceden en la cadena de transportes, aunque estos hayan pagado por el trabajo contratado.

Esto es así porque la Disposición Adicional Sexta de la Ley de ordenación del transporte terrestre se recoge una acción directa contra el cargador, con independencia de que haya abonado el precio pactado al intermediario. Es decir, el cargador no es inmune a esta acción directa a pesar de haber realizado ya el pago, ni el resto de las persona que participaron en el transporte, en concreto dicha norma dice lo siguiente “En los supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres, el transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción directa por la parte impagada, contra el cargador principal y todos los que, en su caso, le hayan precedido en la cadena de subcontratación, en caso de impago del precio del transporte por quien lo hubiese contratado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 227.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.”

Y no solamente lo dice la ley de ordenación del Transporte Terrestre sino también el Tribunal Supremo, en dos sentencias, en las que ha abordado la aplicación de la anterior norma y si un transportista podía exigir el pago de alguien que a su vez ya había pagado a su acreedor, en concreto en los años 2017 y 2019, llegando en ambas sentencias a idéntica conclusión, esto es: la validez de la acción directa contra el cargador, con independencia de que haya abonado el precio pactado al intermediario.

Por tanto, si te encuentras en esta situación, puedes dirigirte contra el cargador y reclamarle el pago del precio.

Para cualquier duda o aclaración contacta con nosotros, o visita nuestra página WEB o la página cobrardeudas.es

Te deseamos un feliz verano y recuerda el éxito en la gestión de la morosidad se inicia con una diligente reclamación de las facturas y por un asesoramiento legal de confianza y especializado.

Nos vemos en el próximo artículo,

GLOBALWAY ABOGADOS

CINCO CONSEJOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE RECLAMAR TUS FACTURAS

En este artículo pretendemos darte unos sencillos consejos que te facilitaran la manera de reclamar tus facturas.

Cuando alguien te impaga puede ser por error, eso se soluciona rápidamente, tras la primera reclamación se procede a solucionar el impago. Pero, si el impago no se debe a un error sino a una conducta deliberada del deudor, bien sea porque no puede pagar, bien porque ha decidido que tu deuda puede esperar, es necesario tomar una serie de medidas con el fin de, en un futuro no muy lejano, asegurar el cobro de la deuda.

¡Vamos allá!

1.- NO DEJES PARA MAÑANA LO QUE PUEDAS HACER HOY, cuanto más pronto reclames, más éxito tendrá tu reclamación. Muchos de nuestros clientes no reclaman por factura, por evitar el qué dirán, por si van a pensar que necesito el dinero, o que soy un desconfiado. La realidad es otra, estas reclamando lo que es tuyo, lo que te pertenece y si no defiendes tus intereses como vas a defender los de tus clientes. Reclamar el pago de tus facturas pone de manifiesto tu diligencia en la llevanza de tus negocios.

Recuerda que si reclamas tus facturas dentro del primer año puedes recuperar el IVA de las mismas, reclamando su compensación/devolución a Hacienda.

2.- RECLAMA, PERO DEJA HUELLA DE LA RECLAMACIÓN. No sólo es importante reclamar sino tan importante como esa reclamación es la prueba de la misma. En un futuro, si debes proceder a reclamar judicialmente el pago de la deuda, esa reclamación probará tu buena fe, es decir que antes de reclamar judicialmente has intentado poner fin a la reclamación de forma amistosa.

Transcurridos cinco años desde la fecha de pago acordada para la factura esta habrá prescrito y no la podrás reclamar, cada vez que la reclamas ( y lo puedes probar la prescripción se interrumpe y el plazo vuelve a contar).

3.- LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO.- Como hemos comentado en el anterior apartado, no sólo es importante lo que hacemos sino la prueba de lo hablado, acordado. Por eso, es importante dejar constancia, así que, en caso de un acuerdo con el deudor, aplazamiento o descuento de parte de la deuda, debe quedar por escrito de manera que en caso e incumplimiento la reclamación sea más fácil.

4.- BUENO SI PERO DOS VECES BUENOS BOBO.- Cuando tenemos un impago a veces lo más sencillo es cerrar un acuerdo, a veces para facilitar lo mismo hacemos descuentos o damos aplazamientos. Sin embargo, si no vinculamos dichos aplazamientos o dichos descuentos al cumplimiento del acuerdo, podemos encontrarnos con que el deudor no nos pague y sólo podamos reclamar parte de la deuda, o debamos esperar un tiempo para reclamar. Por eso siempre deben establecerse en dicho tipo de acuerdos cláusulas que garanticen el cumplimiento de la obligación.

En caso de acuerdo consulta con tu abogado de cabecera, todos deberíais contar con un abogado de confianza, si no lo tenéis estaremos encantados en ayudaros.

5.- DEMANDA NO TENGAS MIEDO. Si pese a todos tus esfuerzos no has conseguido cobrar tu factura/deuda en un tiempo prudencial, reclama judicialmente el pago de la deuda, es la única manera de cobrar lo que es tuyo, seguramente habrás oído hablar de que los abogados somos caros o que el proceso es lento y al final no sale a cuenta. No es cierto, son falsos mitos, los abogados cobran por su trabajo como todos los profesionales, y los tribunales no son todo lo rápido que nos gustaría, pero, la realidad es que una vez puesta en marcha la maquinaria judicial esta es imparable.

Normalmente las reclamaciones de cantidad se tramitan a través de un procedimiento denominado monitorio, donde deberás aportar un principio de prueba de la existencia de la deuda, basta con las facturas, aunque se permite cualquier tipo de documento que pruebe, indiciariamente, la existencia de la deuda.

Esperamos haberte ayudado con este artículo, si tienes cualquier consulta puedes contactar con nosotros a través de nuestra página web www.pagamegwa.es donde podrás reclamar tus facturas impagadas

¡Hasta el próximo artículo!

En Barcelona, a 18 de junio de 2020.

Alba Novell Vera

Letrada ICAB 29048

GLOBALWAY ABOGADOS.

RESUMEN DEL REAL DECRETO LEY 18/20, DE 12 DE MAYO DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO

real decreto 845x321 - RESUMEN DEL REAL DECRETO LEY 18/20, DE 12 DE MAYO DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO

OBJETIVOS DEL REAL DECRETO LEY: Flexibilizar los ERTE e intentar asegurar el nivel de empleo de las empresas acogidas a los ERTE. Otro de los objetivos es sacar a trabajadores de ERTE, por eso se reducen las cotizaciones cuando se reincorpora trabajadores.

CÓMO LO HACE: Modifica lo dispuesto en su día en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/20, de 17 de marzo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

  1. Prórroga de la regulación de los ERTE hasta el 30 de junio de 2020, si bien se prevé la posibilidad de que aquellos vayan más allá de esta fecha en que no desaparezca la causa que dio lugar al ERTE, en el caso de FUERZA MAYOR (el Estado de Alarma, las prohibiciones derivadas del COVID 19). Este ir más allá del 30/06/20 necesitará de un posterior desarrollo por parte del ejecutivo, o del legislativo, en su caso.
  1. Se busca la flexibilidad de los ERTE, por eso se prevé una incorporación proporcional al trabajo de los trabajadores afectados por un ERTE teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de la empresa.
  1. Se diferencia entre empresas que siguen TOTALMENTE en situación de ERTE por fuerza Mayor (que no pueden reiniciar la actividad) y las que salen parcialmente de dicha situación (al poder reiniciar la actividad), como consecuencia de que las causas reflejadas en el artículo 22 Real Decreto ley 8/20, justificación de fuerza mayor, permitan la recuperación parcial de su actividad.
  1. Las empresas y entidades deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total (o parcial) al ERTE DE FUERZA MAYOR que tienen autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de la renuncia. También se deberá comunicar al SEPE la modificación total o parcial de los trabajadores. En concreto, las comunicaciones a realizar, según se retome la actividad total o parcialmente son:
  2. Renuncia total o parcial al ERTE, Comunicación a la Autoridad laboral competente en 15 días desde la fecha de efectos de la renuncia, es decir, desde que se reanuda actividad.
  3. Modificaciones o variaciones, Previa comunicación al SEPE.
  4. Para la aplicación de las exoneraciones de cotización, Comunicación a la TGSS mediante una instancia de la Empresa por cada CCC con una Declaración responsable sobre:
    1. Persistencia total o parcial Fuerza Mayor
    1. Identificación trabajadores afectados (incluidos en ese CCC)
    1. Periodo suspensión o reducción jornada.
    1. La presentación de la comunicación debe hacerse antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente a través del sistema RED.
  1. Se sigue diferenciando entre ERTE por Fuerza Mayor y ERTE por Causa Económica. Se permite la prórroga de los dos hasta el 30 de junio de 2020, siempre que se den las condiciones (arts. 22 y 23 RD Ley 8/20), y se permite que se pase de un ERTE por Fuerza Mayor a un ERTE económico, sin solución de continuidad, dando efectos retroactivos al segundo, cuando desaparezca la causa de fuerza mayor pero siga existiendo causas económicas que pongan de manifiesto la necesidad de este último. Aunque no se dice de forma expresa, es de suponer que en este ERTE económico se permitirá ampliar el número de trabajadores afectados respecto de lo solicitado en el ERTE por fuerza mayor.
  1. Se modifican las exoneraciones a la TGSS, precisamente para fomentar la incorporación de los trabajadores al trabajo, y que dicha modificación sirvan de acicate al empleador, así pues, se modifica la exoneración prevista en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/20, los cuales quedan así:
EXONERACIONES A LA SS FUERZA MAYOREmpresas hasta 50 trabajadores MAYOEmpresas hasta 50 trabajadores JUNIOEmpresas de 50 trabajadores o más MAYOEmpresas de 50 trabajadores o JUNIO
Trabajadores en ERTE FUERZA MAYOR TOTAL100%100%75%75%
Trabajadores en ERTE FUERZA MAYOR PARCIAL60%45%45%30%
Trabajadores sacados de ERTE FUERZA MAYOR PARCIAL85%70%60%45%
Trabajadores no incluidos en ERTE Como siempreComo siempreComo siempreComo siempre 
  1. Se interpreta la obligación de las empresas de mantenimiento del empleo durante 6 meses, que se circunscribe sólo respecto de los trabajadores incluidos en el ERTE, con determinadas excepciones (aunque será la jurisdicción social la que decidirá caso por caso en última instancia):
  2. Si hay riesgo de concurso, artículo 5 de la Ley concursal en relación al artículo 2 ( insolvencia)
  3. Despido disciplinario declarado procedente.
  4. Dimisión del trabajador
  5. Muerte
  6. Jubilación
  7. Incapacidad permanente total absoluta o gran incapacidad.
  8. No realizar el llamamiento a fijos discontinuos
  9. Expiración contrato temporal, imposibilidad de realizar obra o servicio.
  1. Se computa la obligación de mantenimiento del empleo desde la reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aunque sea parcial.
  1. La Sanción por no mantenimiento del empleo: Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar.

No se aclara si se refiere sólo a la exoneración de cuotas respecto del trabajador afectado, o se refiere a las cuotas exoneradas respecto de todos los trabajadores, pero a la vista de la redacción literal, y salvo aclaración oficial, entendemos que a todos.

  1. No pueden presentar ERTES DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 RDL 8/2020 las empresas y entidades con domicilios en paraísos fiscales, ni aquellas que repartan dividendos, salvo que a fecha 29 de febrero de 2020 tuvieran menos de 50 trabajadores.

¿CÓMO HA AFECTADO EL CONFINAMIENTO A UN ESTUDIANTE DE MÁSTER?

living room classroom master school thumbnail - ¿CÓMO HA AFECTADO EL CONFINAMIENTO A UN ESTUDIANTE DE MÁSTER?

Hola a todos, mi nombre es Celia y, desde bien pequeña, mi objetivo fue llegar a ser una buena abogada, o al menos hacer todo lo posible para llegar a serlo, lo cual estoy cumpliendo, ya que a mis 18 años me trasladé de Lleida a Salamanca para estudiar el Grado en Derecho. Imagino que os habréis preguntado ¿por qué Salamanca? Pues bien, es una ciudad universitaria que está hecha a la medida de los estudiantes: es una ciudad llena de historia que cuenta con una buena universidad, precios asequibles para los alumnos (y sus padres) y con una buena gastronomía. 

Con 22 años, decidí cursar el Máster de Abogacía, pero, en esta ocasión, preferí cursarlo en una gran ciudad llena de oportunidades, en una universidad conocida y que contara con un programa de calidad y buenas opciones para hacer las prácticas. Por ello, en la actualidad, me encuentro cursando dicho Máster en la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of Management.

El Máster está orientado a dotar a los alumnos de conocimientos más prácticos, todo ello para prepararnos como futuros profesionales. Es por esto que el Máster, junto a los tres trimestres de sesiones presenciales -en las que volvemos a estudiar, en líneas generales, lo relevante de cada orden jurisdiccional- cuenta con una parte práctica que tiene una duración aproximada de 4 meses.

A estas prácticas se las denomina prácticas curriculares, puesto que son obligatorias para cualquier alumno del Máster. No obstante, cabe la posibilidad de cursar prácticas extracurriculares, es decir, prácticas que se realizan de forma voluntaria por el alumno, puesto que ninguna incidencia tiene a nivel académico, pero que sí sirven para adquirir más experiencia. 

Cuando supe que cabía la posibilidad de cursar prácticas extracurriculares durante el curso no dudé en que debía aprovecharlo. Tenía la oportunidad de que un abogado me enseñara todo aquello de lo que yo carecía: ¡práctica! 

Y así hice, presenté mi candidatura para que me entrevistase un despacho que necesitaba un estudiante en prácticas. En aquel momento me vi con las ganas y la motivación suficiente como para empezar mi camino como futura abogada, y no me equivoqué. 

Desde enero me encuentro trabajando en el despacho GLOBALWAY ABOGADOS.

Me ilusionó mucho la idea de trabajar y estudiar a la vez, soy una persona inquieta a la que le gusta mantenerse cuánto más ocupada mejor. Debo admitir que algunos días llegaba bastante cansada a casa, pero había valido la pena.

Fue en el momento en el que me iba acostumbrando a ese ritmo cuando la aparición de la COVID-19 lo cambió todo. 

Mi labor en el despacho se basaba en ir revisando expedientes y darles impulso procesal, junto con alguna otra tarea que me encomendaban, tareas que difícilmente puedo llevar a cabo desde casa, sobre todo la del impulso procesal. No obstante, desde el despacho han sido capaces de buscar tareas que pueda realizar, todo ello para no dejar de aprender y sacar el máximo rendimiento a este período de prácticas.

La parte positiva que puedo extraer de esta nueva forma de realizar las prácticas, mediante el teletrabajo, es ver cómo se involucra el tutor en aras de continuar ejerciendo su labor como “profesor” buscando las mejores opciones para que continuemos aprendiendo, es algo muy reconfortante, hace que te sientas mucho mejor al saber que cuentan contigo y no se olvidan de que somos futuros abogados con muchas ganas de aprender.

Por lo que se refiere a las clases, el Estado de Alarma se decretó justo unos días antes de iniciar la semana de exámenes, por lo que supuso todo un revés. Así pues, desde la Universidad se vieron obligados a cambiar los métodos de evaluación, debíamos superar un examen tipo test, como estaba previsto, pero de forma online. 

En la actualidad estamos en el tercer trimestre y el ritmo del Máster impide posponer las sesiones programadas para estas fechas, por lo que desde la Universidad optaron por impartir algunas sesiones a tiempo real, lo cual posibilita a los alumnos a interactuar con el profesor mientras da la clase; otras mediante vídeos de los profesores dando la materia o subiendo documentos al campus virtual. Los exámenes, por tanto, también se realizarán de forma online, en formato test, como veníamos haciendo durante el curso. 

La problemática que plantea esta situación radica en el hecho de que los alumnos vemos limitadas nuestras opciones laborales. Es decir, aquellos que no hubieran firmado convenio de prácticas viven la situación con una incertidumbre añadida, ya que deben encontrar un despacho antes de junio –aunque desde la Universidad tendrán en cuenta esta circunstancia y el cómputo de los 4 meses se iniciará en el momento en el que los alumnos empiecen las prácticas, aunque sea en septiembre- y los que ya estábamos realizándolas, debemos seguir trabajando y aprendiendo de una forma más complicada, alejados de los expedientes.

Para concluir, otra cuestión que queda abierta es la realización del Examen de Acceso a la profesión de Abogado, puesto que se suspendió la convocatoria semanas antes de su celebración, por la situación que estamos viviendo. En mi opinión, deben velar por la realización del examen de la forma más fiel posible a la que ya se venía haciendo, mis compañeros están a la espera de una respuesta, que espero llegue pronto.

Espero que os haya gustado este artículo, cuidaos mucho.

TESTAMENTO OLÓGRAFO ( A MANO) UNA OPCIÓN EN TIEMPOS DE COVID

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En tiempos como los actuales, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que no hemos hecho testamento, no es preocupéis hay remedio, se puede hacer un testamento de puño y letra, sí sí, a mano como toda la vida. Cuando pase le COVID-19 nuestro consejo que vayáis al notario y lo hagáis ante é.

El testamento ológrafo, viene regulado en los artículos 688 y siguientes del Código Civil, el resto de los derechos forales también los regula, todos de manera muy similar, por ejemplo Cataluña en el artículo 421-17 del IV del Código Civil de Cataluña

Ojo, se deben cumplir con los requisitos que se establecen en el Código Civil y en legislación foral, dichos requisitos son:

REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA REALIZAR TESTAMENTO OLÓGRAFO

Ámbito subjetivo: El único sujeto que interviene es el testador, y se le exige un requisito de edad: que tenga 18 años y que esté en pleno uso de sus derechos civiles.

Ámbito objetivo o formal: Debe estar escrito y firmado por el propio testador, de su puño y letra, dejando constancia del año, mes y día y lugar en el que se otorga y debe estar firmado. Los extranjeros podrá otorgar testamento ológrafo en su propio idioma.

Sobre todo, procurar que no existan palabras tachadas, enmendadas, añadidas o entre líneas, si las hubiera se podría salvar la tacha.,

Un ejemplo de testamento ológrafo, siempre que estuviera escrito a mano, por el testador, sería:

En Barcelona, a 7 de abril de 2020

Yo, Dª SEGISMUNDA LÓPEZ DEL POZO, con DNI ………………………y domicilio en …………………., soltera/casada,  dejo todos mis bienes a mi marido y a mis hijos.

Firmado

Dª Segismunda López del Pozo

Existen muchas posibilidades tantas como testadores, por ejemplo:

Dejar a los bienes a diferentes personas, dejar a unas personas la propiedad y a otras el usufructo……

Si tenéis dudas os las contestaremos encantados, enviarnos un email y recordar, lo mejor, ir al Notario cuando acabe todo esto.

Un abrazo.

Globalway Abogados